Forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería someterán la próxima semana a una exploración psiquiátrica a Ana María B.L., la mujer de 38 años en prisión provisional por matar presuntamente a su hijo de siete años.

La práctica de esta diligencia acordada por la jueza instructora Ana Belén Vico y prevista el día 7 pretende determinar cuál es su estado mental, si tiene pleno uso de sus facultades volitivas y cognitivas y si es o no, por tanto, imputable, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Almería debe decidir también si interesa al Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería remita testimonio del procedimiento por el que se acordó el ingreso involuntario en la Unidad de Salud Mental del complejo hospitalario de Torrecárdenas de la investigada por el presunto asesinato del pequeño Sergio.

Cabe recordar que Ana María B.L. estuvo ingresada durante nueve días el pasado mes de julio, tras lo que recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico. Fuentes del caso han señalado que, de momento, y tras negarse a prestar declaración en sede judicial, no refiere cuál sería la patología de la que está diagnosticada y que motivó su internamiento.

La familia paterna, por su parte, sostiene que la presunta asesina "supo en todo momento lo que quería, supo pedirlo, habló y razonó de manera normal e, incluso, manifestó que ella estaba perfectamente" durante la vista celebrada días antes del crimen por la custodia del menor. "No tenemos noticia de ningún tipo de enfermedad ni conocimiento de que ella haya tenido algún tipo de enfermedad mental", aseguró el padre.

NUEVAS COMPARECENCIAS

La jueza instructora, quien tomó declaración el miércoles al padre del niño, Sergio Fernández, también ha señalado nuevas comparecencias testificales para los días 5 y 6 de noviembre mientras que mantiene el secreto de actuaciones.

La última vez que Ana María B.L. abandonó el centro penitenciario provincial de El Acebuche para acudir a la Ciudad de la Justicia fue el pasado lunes cuando debía haberse celebrado un juicio por delito leve de coacciones al abuelo paterno de Sergio en el que ella figuraba como denunciada.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción 4 de Almería acordó abrir diligencias previas para investigar un supuesto "hostigamiento" tras la denuncia interpuesta por el abuelo de Sergio el 9 de mayo

Ante los medios de comunicación, el abuelo paterno, Juan, detalló algunos episodios del supuesto acoso que se concretaba "en más de 150 llamadas a mi móvil en menos de dos horas" o en que se colaba en nuestra casa de Alcolea, que es un pueblo pequeño en el que todos tenemos las puestas abiertas".

Detalló que, en esas ocasiones "en las que se metía dentro de mi casa" o se subía al coche cuando íbamos a recoger al niño, "teníamos que llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que la echaran".

"Venían y nos decían que no podían hacer nada, que cuando pasara, pues veríamos a ver. Por eso tuve que poner la denuncia el 9 de mayo, que fijense a qué fechas estamos, que era para que esto se hubiera movido de otra manera y tal vez no hubiéramos llegado a donde hemos llegado", criticó.

En esta línea, precisó que la supuesta situación de "acoso" comenzó después de la sentencia que en febrero absolvió a su hijo del delito de malos tratos por el que estaba acusado a raíz de la denuncia de Ana María B.L. y de que "ella dejó de percibir la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género".

CONFLICTO POR LA GUARDIA Y CUSTODIA

Ana María B.L. compareció el pasado día 22 ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Almería que se ha hecho cargo de las diligencias previas tras inhibiese el juzgado de El Ejido que asumió la causa al estar en funciones de guardia.

La magistrada Ana Belén Vico confirmó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, como autora de un presunto delito de asesinato después de que ella se negara a declarar y mantuvo el secreto de actuaciones decretado después de que el cuerpo sin vida del niño fuese encontrado en el asiento delantero del vehículo que la investigada condujo hasta la barriada de Las Norias de Daza, en El Ejido.

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes del crimen la guardia y custodia del niño a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.

El padre, quien ha relatado que interpuso hasta diez denuncias contra su exmujer y ha criticado la "pasividad" e "inacción" de los Servicios Sociales, presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.

El procedimiento de unión de hecho contenciosa se inició de forma paralela a unas diligencias previas por vía penal el 5 de abril de 2017, cuando Ana María B.L. presentó un denuncia por presuntos malos tratos del padre de su hijo hacía ella. El informe de violencia de género fue negativo y se remitieron las diligencias al Juzgado de lo Penal 4 de Almería que dictó sentencia absolutoria en febrero de 2019.

Los trabajadores sociales de Almería han reclamado la revisión del protección de menores tras la muerte del niño Sergio y han advertido de que, desde 2013, los efectivos y recursos "se han visto disminuidos" pese al incremento de la demanda, atención y número de menores sujetos a amparo.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, anunció que se iban a analizarán posibles fallos de comunicación institucional y el PSOE de Almería demandó al Ayuntamiento de Huércal, municipio donde residía el niño con su madre, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía que "rompiesen el silencio preocupante" mantenido en torno a su actuación respecto al caso y diesen "explicaciones" a la sociedad porque "algo ha fallado evidentemente".