Audiencia provincial de Almería.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado hoy dos reales decretos por los que se crean un total de 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.

En el real decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción, 6 de lo penal, 11 juzgados de lo social, 4 juzgados de lo mercantil y 1 juzgado decano exclusivo. En Almería, se crea el Juzgado de Primera Instancia número 10 y el Juzgado de lo Social número 5, además de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial (civil, sección 1ª) y una plaza de fiscal en la Fiscalía provincial de Almería (3ª categoría). 

La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este real decreto será fijada por la ministra de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo un Real Decreto por el que se amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. En esta modificación de plantilla destaca el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 

También, y en línea con el compromiso del Ejecutivo con los derechos de los colectivos más desfavorecidos, se crea una plaza de fiscal de sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. 

Por otro lado, se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo, lo que determina que se trata de necesidades estructurales y no meramente coyunturales.