La Guardia Civil ha ampliado la investigación abierta contra la empresa Agrofruits Levante SL por el cultivo de regadío de 166,49 hectáreas de frutal sobre suelo agrícola de uso secano en la finca La Joya de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar tras detectar "vertidos directos" al medio natural de "residuos potencialmente contaminantes".

El informe aportado por el Seprona al Juzgado de Instrucción 4 de Almería indica que procedería abrir una quinta línea de investigación por la "inadecuada gestión de los residuos de la actividad agrícola", así como "por reboses y supuestas filtraciones al subsuelo" que "pueden producir un cambio sustancial en la calidad del suelo y aguas receptoras".

La investigación impulsada por la Fiscalía Provincial por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a partir de una denuncia ecologista tenía hasta ahora cuatro líneas de pesquisas por supuesta extracción de aguas subterráneas, transformación de terrenos, daños al parque natural y por vertido de aguas residuales procedentes de la actividad agrícolas, lo que dio lugar a esta nueva imputación.

Esta quinta línea, por la que se investiga como autor directo a un empleado de la finca, a los administradores mancomunados y como cooperadores necesarios a trabajadores de la empresa agrícola, se apoya en el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Toxicológica con sede en Sevilla en el que, a raíz del análisis de muestras tomadas en un "vertido directo" detectado en el Barranco El Curro, concluyó que, de producirse de una manera "continuada y reiterada en el tiempo, pueden suponer un grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales".

Según precisa el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el vertido directo se detectó el 21 de febrero de 2020 en este paraje de especial protección medioambiental por estar en parque natural y estaba compuesto por una "mezcla de líquidos fertilizantes y fitosanitarios" procedentes de la "limpieza de una cuba de un tractor con capacidad de 5.000 litros".

Añaden los agentes del Seprona en sus diligencias, que previamente este se habría "extraído de un cubeto de retención" de cuya construcción "no consta proyecto técnico" y "del que, además, se encontraba rebosando líquido que podría estar filtrándose al subsuelo" al tiempo que reseñan que en la inspección ocular también se habrían comprobado "irregularidades en otros depósitos", así como "derrames accidentales en el cabeza de riego y que derivan a terrenos agrícolas".

La Guardia Civil apunta, en esta línea, que "no hay constancia" de que Agrofruits Levante SL haya acreditado "la correcta gestión de estos residuos" desde que en 2013 adquirió la finca, pero "sí hay constancia" de que los análisis realizados a las muestras tomadas de una charca ubicada en El Barranco de El Curro revelan "productos residuales propios de la actividad agrícola que deben ser gestionados de forma que no causen peligro para el ser humano y el medio ambiente".

Concluye en el informe aportado al juzgado que, por todo lo anteriormente expuesto, "se puede afirmar que la gestión" de estos residuos en la finca La Hoya "no es adecuada" ya que se habrían producido "rebosamientos de los depósitos destinados a contener residuos" y "vertido en una zona protegida".

La Junta de Andalucía dictaminó la "inviabilidad" del proyecto "a efectos medioambientales" al "no existir recursos hídricos suficientes" y por realizarse parcialmente en zonas protegidas. La resolución apuntaba que tampoco era viable la edificación de apoyo o la construcción de nuevas balsas de regulación.

En junio de 2021, rechazó el recurso de alzada presentado por la empresa contra esta resolución y confirmó la imposibilidad de legalizar casi 70 hectáreas de cultivo de regadío y de autorizar la "implantación de una gran extensión de frutales de hueso forzados".

Reiteró que el proyecto de cambio de cultivo y de mejora agrícola para "legalizar plantaciones ya en marcha" sobre 11,27 y 67,97 hectáreas, respectivamente, es "incompatible" con los usos de suelo previstos en las zonas 'B1' y 'B2' de la normativa ambiental del espacio protegido y precisa, asimismo, que "no es viable" la transformación solicitada para la zona C1.

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible remarcó para confirmar la denegación de la autorización ambiental unificada que "no cuenta" con la "necesaria" acreditación de usos hídricos que "lo hagan legalmente viable" al tiempo que dice que el proyecto no garantiza el "mantenimiento de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la conservación del paisaje, de la cubierta vegetal, del suelo y de la fauna".

"No aportan los aspectos alegados por la empresa argumentos nuevos a los ya analizados en la Evaluación de Impacto Ambiental", concluye la resolución, que pone fin a la vía administrativa y contra la que solo cabe adoptar la vía judicial.

La asociación 'Amigos del Parque Natural' fue la que puso los hechos en conocimiento del fiscal ya que la transformación de suelo se habría producido "sin contar" con la preceptiva licencia municipal "ni con la autorización medioambiental". En concreto, se habría transformado el suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo.

Desde el colectivo instaban a que, "con urgencia", se produjera "el precinto de la actividad" y a que se repusiera el paraje "a su estado original".

La finca, que tiene una superficie de 251,98 hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de frutales de hueso en regadío. De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1, consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19 hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos para llevarlo a cabo.