Almería

Hora de reflotar Galasa

  • Diputación logra reducir en siete millones una deuda que está por encima de los 30 Nuevos convenios con Acuamed y un plan de austeridad permitirán seguir ahorrando sin tocar el recibo

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Galasa, la ruina de tu casa. Decían los vecinos del Levante y Valle del Almanzora cuando llegaban los recibos. Pero nada más lejos de la realidad. La comparativa con las tarifas por el suministro con otros municipios de la zona e incluso de la provincia de Murcia permiten demostrar que uno de los motivos por los que Galasa está al borde de la quiebra es por el bajo coste del servicio -ni siquiera se ha actualizado en los últimos años al Índice de Precios de Consumo (IPC)- que han venido percibiendo por el suministro de agua potable y tareas de saneamiento y depuración que prestan a más de 100.000 almerienses. En las últimas legislaturas no se han adecuado las tarifas al coste real de la prestación en el mercado, por populismo y uso partidista de la empresa pública en algunas ocasiones o por negligencia y despreocupación en otras, y se han mantenido unas tarifas inexplicables y arbitrarias que generan entre los propios municipios que reciben el agua agravios comparativos, sobre todo con algunos del Almanzora que se abastecen prácticamente gratis. Los vecinos de los municipios del Levante pagan 21,09 euros por el consumo medio de 15 metros cúbicos al mes (más IVA y canon autonómico), mientras que los de Somontín por ese mismo volumen sólo pagan 4,60 euros. En Tíjola abonan 11,97 euros y en Macael 6,11. ¿Alguien puede explicar las diferencias de tarifas? No. El actual equipo de gobierno de Diputación no entiende esta gestión irresponsable que ha generado un agujero negro superior a los 30 millones de euros en Galasa y ha decidido tomar cartas en el asunto. Además de no adaptar los precios, ni cortar el suministro a los ayuntamientos morosos del Almanzora que se comprometieron a compensar de sus arcas el bajo precio de las tarifas a sus ciudadanos, en las anteriores legislaturas se firmaron acuerdos sin que pasaran por el consejo de administración y se hizo caso omiso de los informes desfavorables de los técnicos a ciertas operaciones de dudosa legalidad.

Ante este desastre, la Diputación tenía la opción de liquidarla, lo que implicaba el despido de sus 95 trabajadores y la asignación a cada uno de los ayuntamientos que forman parte del accionariado de su correspondiente parte de deuda, pero decidió apostar por este modelo público al entender que es hora de reflotar la empresa provincial de aguas. Descartado el cierre han optado por un rescate que podría generarle un desgaste electoral si las medidas que ponen sobre la mesa acaban afectando al recibo de los contribuyentes. Ya le ocurrió al socialista Tomás Azorín, el que fuera presidente de la Diputación cuando se creó la entidad para solucionar los graves problemas de abastecimiento en el Levante y Almanzora, al consentir un incremento del afán recaudador entre los años 1991 y 1995 que le acabó pasando factura a los ayuntamientos gobernados por su partido, que perdieron ante los populares e independientes conocidos en su día por sus reivindicaciones como los alcaldes del agua. Pero no ocurrirá de nuevo, el PP aprendió la lección y el equipo de gobierno de la Diputación argumenta que no han subido las tarifas de Galasa y que no han previsto ningún incremento en lo que resta de legislatura.

El acercamiento a la estabilidad y el equilibrio presupuestario, del que otros gestores anteriores se alejaron tanto, partirá de una serie de medidas que ya se vienen aplicando. La negociación con los proveedores ha permitido reducir los costes, hasta el de los folios que se utilizan en las oficinas, se ha rebajado en un 50% los sueldos a directivos, se han suprimido las dietas y coches oficiales, se han limitado los gastos de telefonía y el nuevo convenio laboral permite un ahorro de 500.000 euros cada año (masa salarial de 3 millones).

El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, asegura que en lo que va de legislatura se ha recortado la deuda en siete millones. "Heredamos una sociedad en quiebra y vamos a levantarla con gestión, sin que afecte al bolsillo de los ciudadanos". Acordaron con Acuamed una inyección de agua desalada de la planta de Carboneras, el pasado verano a raíz del aumento del nivel e trihalometanos en municipios del Levante, pero este suministro es tres veces más caro y han tenido que renegociar los convenios con la sociedad estatal dentro del plan de austeridad con el que quieren evitar el cierre de Galasa. De hecho, en los cajones de la Diputación, en los mismos que había facturas falsas del Patronato de Turismo de la legislatura anterior, han aparecido acuerdos con Acuamed por los que se han llegado a aportar hasta 15 millones de euros a cambio de prácticamente nada o financiar infraestructuras sin uso como la tubería que conectó con Albox que tiene su propia concesionaria del agua.

El cambio de rumbo de la empresa provincial también pasa por la reducción de las pérdidas, que rondaban el 30% del suministro y pretenden solventar con Fondos Feder, y por una adaptación de sus estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha generado una agria polémica al vislumbrar los socialistas de la comarca que llevará aparejados nuevos precios. Sin embargo, la Diputación lo descarta y critica que, después del varapalo al principio de solidaridad derivado de las salidas de Vera y Albox, el PSOE contribuya a desestabilizar un modelo público que nació para acabar con los problemas del agua en la provincia. A largo plazo planteará la unificación de tarifas por zonas, pero no a costa de subir el recibo a los contribuyentes.

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