La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Albox debido al proceso seguido para modificar las condiciones de trabajo de 39 empleados del Consistorio con los que el equipo de gobierno de Rogelio Mena, fijó bajas salariales y cambios en sus jornadas para evitar un expediente de regulación de empleo extintivo sobre 22 empleados. Según la resolución de la Inspección, el resultado de las negociaciones para evitar el ERE que pesaba inicialmente sobre unas 22 personas ha dado lugar a una "vulneración del procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo".

Un extremo que fue denunciado por el responsable del Área de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Juan López, y que en este caso ha sido constatado por la inspectora de trabajo.

Para López "este expediente sancionador significa la justicia de lo que nosotros venimos planteando desde que se planteó el ERE extintivo. Nosotros manifestamos que estaba siendo erróneo y que estaba habiendo coacciones y amenazas a los trabajadores, y la inspección de trabajo viene a demostrar que lo que nosotros veníamos denunciando es cierto. Lo que viene a decir la inspectora es que esas afirmaciones que supuestamente hacen los trabajadores solicitando al alcalde que les rebaje el sueldo no han sido formalmente constatadas y no hay ningún motivo familiar ni de ninguna otra índole que de lugar a esa solicitud. Hay que recordar que el documento que firmaron los trabajadores era el mismo, donde había que rellenar con los datos personales y que entregaba el propio alcalde, su asesora jurídica o bien algún miembro del comité de empresa cuando los trabajadores se mostraban rebeldes a esa firma".

Comisiones Obreras estudia ahora el procedimiento a seguir, "los servicios jurídicos de CCOO están estudiando si es cierto que se cierra la posibilidad de presentar reclamación por la vía social, y si son posibles por la vía penal. En este caso estaríamos hablando del delito de prevaricación que desde el principio advertimos que podría estar cometiendo. Las dudas jurídicas estarán resueltas en las próximas semanas, aunque todo hace indicar que pasará por la vía penal y la presentación por parte de los trabajadores que estuvieran interesados en una denuncia penal contra el Ayuntamiento, amen de la que presentará el sindicato si resulta viable".