Tribunales

Investigan por prevaricación urbanística a dos exalcaldes de Huércal de Almería

  • Por el convenio rubricado con Gestpla en 2010, cuando era regidor Juan Ibáñez, entonces en IU y ahora en el PSOE, que permitió la construcción del teatro municipal

Ángeles Castillo y Juan Ibáñez son parte de los investigados por estos hechos. Ángeles Castillo y Juan Ibáñez son parte de los investigados por estos hechos.

Ángeles Castillo y Juan Ibáñez son parte de los investigados por estos hechos. / D.A. (Almería)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha citado a declarar de investigados por un delito de prevaricación urbanística a dos exalcaldes de Huércal de Almería, Ángeles Castillo (PSOE) y Juan Ibáñez, actualmente en el PSOE pero militante de IU cuando se produjo presuntamente este ilícito.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez cita el 22 de septiembre a Juan Ibáñez, junto a otros cuatro exmiembros de la corporación local huercalense, así como a la actual edil socialista María Dolores Salmerón, todos ellos investigados por el mismo delito.

El 25 de septiembre deberán hacer lo propio Ángeles Castillo y otros cinco exmiembros del Gobierno municipal, también investigados por presunta prevaricación urbanística.

El juez cita así al exalcalde Juan Ibáñez y al resto de concejales que se abstuvieron o votaron a favor de un convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Gestpla SL, en el pleno celebrado el 27 de diciembre de 2010, tras la denuncia presentada por IU siete años después de dicha sesión, ya con el actual alcalde al frente del Gobierno local.

También ha sido citado a declarar en calidad de investigado el día 22 el secretario el Consistorio que informó favorablemente la aprobación de este convenio que posibilitó la construcción de un teatro municipal-sala multiusos en la zona del Bulevar por importe de 1,4 millones de euros.

La construcción de este edificio fue sufragada por la empresa Gestpla Invest S.L., del Grupo Tejera, responsable de la obra, en base al convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Huércal de Almería referente a la futura construcción de un centro comercial en la zona de El Potro.

Según han apuntado fuentes cercanas al caso, en un primer pleno celebrado en julio de 2010 se sometió a votación esta medida y diferentes partidos con representación en el plenario advirtieron que "no se podía adjudicar a dedo" esta obra, sino que era preciso un concurso para ello.

En dicho momento la interventora no se encontraba trabajando, por lo que el regidor habría instado a aprobarlo a la espera de que ésta diera el visto bueno, condicionando su voto el resto de formaciones a que su informe fuera favorable.

El informe de la interventora municipal, consultado por Efe, señaló sin embargo que en el convenio no quedaba "claro en qué forma se va a contribuir a la construcción del nuevo teatro municipal", aunque "parece deducirse (...) que será Gestpla quién realizará parte de las obras".

"A juicio de esta intervención, no cabe un acuerdo por el que el Ayuntamiento abone la ejecución de la obra pública de construcción del nuevo teatro municipal mediante convenio urbanístico, dado que dicho acuerdo encubriría la adjudicación de un contrato de obras prescindiendo de los procedimientos establecidos (...) y obviando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad", incidía dicho informe.

La intervención apostillaba asimismo que era preciso aportar un informe al expediente que se pronunciase sobre la posibilidad de "admitir o no" este inmueble como "bien integrante del patrimonio público del suelo y, en su caso, su posible aplicación a alguno de los destinos legalmente establecidos".

Posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, emitió otro informe, al que también ha tenido acceso Efe, sobre este convenio en el que establecía que "la adjudicación directa de la construcción a la empresa firmante del convenio, eludiendo la libre concurrencia, resulta contraria a las determinaciones legales de aplicación por incumplimiento de lo dispuesto en la normativa de contratación pública".

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