La mayor subcontrata del Ayuntamiento de Almería, el Servicio de Ayuda a Domicilio, parecía estar ya en calma por el incremento salarial que, por contrato, percibe el medio millar de trabajadores (en su mayoría, mujeres), una mejora ésta conseguida después de una década de tensas negociaciones. Ahora, la Junta de Andalucía, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, le ha tumbado al Consistorio almeriense este contrato, indicándole que debe anular la actual concesión (de 42,5 millones de euros), y convocar, en su caso, una nueva licitación. La respuesta municipal, habiéndose agotado la vía administrativa, es la interposición ante los tribunales de Justicia de un contencioso administrativo para tratar de defender la legalidad de los pliegos de condiciones confeccionados el pasado año.

La resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se remonta precisamente a octubre de 2018, cuando el Ayuntamiento publicaba la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio y los pliegos, donde el Consistorio recogía el aumento salarial durante los tres años de vigencia del contrato como una mejora de carácter social. En función de la cantidad ofertada, 200, 150 o 100 euros, la misma sería valorada con diferentes puntuaciones por la Mesa de Contratación.

Una de las trabajadoras perdía la calma en otra sesión plenaria celebrada en agosto de 2013

Una de las empresas interesadas, en desacuerdo con los pliegos, presentó el mismo mes de la licitación un recurso especial ante el órgano de la Junta de Andalucía, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), sustentando las alegaciones en tres aspectos. Dos han sido rechazados, pero el Tribunal ha admitido la invalidez de incorporar una subida salarial dentro de las cláusulas sociales al poder resultar “discriminatorio” para las empresas concurrentes.

El dictamen, emitido el pasado mes de mayo, anula la contratación, decisión ante la cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento, en una reunión celebrada hace escasos días, ha optado por litigar en la vía judicial.