Un año y dos meses después de que la Junta de Andalucía aprobase el decreto para la regularización de viviendas y edificaciones en suelo no urbanizable, la administración autonómica ha publicado una 'chuleta' con la que facilitar este faraónico proceso a los ayuntamientos de la provincia y poder así cumplir con los requisitos exigidos para que las construcciones aisladas puedan ser usadas y tengan acceso a los servicios básicos, al menos en régimen de autoabastecimiento, en condiciones de seguridad y habitabilidad.

Si se tiene en cuenta que este documento puede facilitar la regularización de al menos un 90% de las 12.697 viviendas en situación irregular ubicadas en Albanchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, su importancia es vital para miles de familias que viven en vilo con la sombra de la demolición como amenaza.

Estos documentos, según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, servirán de orientación a los ayuntamientos para dar cumplimiento a los requisitos previos que establece el decreto para la regularización de estas edificaciones en suelo no urbanizable. Por un lado, su identificación, para lo que es necesario la delimitación de los asentamientos urbanísticos y los hábitat rural diseminados, ya que se considerarán como aisladas aquellas que no pertenezcan a estos grupos. Y por otro, la existencia de unas normas mínimas de habitabilidad que permitan establecer la adecuación de las edificaciones al uso al que se destinan.

En el caso de municipios en los que su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente tenga recogidas estas exigencias, la aplicación del decreto es inmediata; en caso contrario, el ayuntamiento deberá identificar los asentamientos mediante un avance de planeamiento que se tramitará como ordenanza municipal con informe no vinculante de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Asimismo, tendrá que aprobar otras ordenanzas municipales que recojan esas condiciones de habitabilidad y salubridad. Ambos documentos son de fácil elaboración y la tramitación municipal puede completarse en el plazo de tres meses.

Para orientar este trabajo que tienen que cumplir los ayuntamientos, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha redactado estas normativas directoras, que son una figura prevista en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que contienen recomendaciones para la acción municipal.

Con este objetivo, estas normativas directoras establecen una serie de criterios para la elaboración y tramitación del avance de planeamiento, en los que incluye parámetros orientativos para la delimitación de los asentamientos en función de sus características, tamaño, densidad, aptitud para la implantación de infraestructuras, etc.