La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha emitido desde la finalización del estado de alarma un total de 12 resoluciones de aislamiento obligatorio a través de un recurso habitacional para aislar a un total de 114 personas que o bien dieron positivo a las pruebas de COVID-19, o bien habían permanecido en contacto estrecho con estos contagiados y, por tanto, debían permanecer en cuarentena.

Las primeras medidas de este tipo efectuadas por el Gobierno andaluz tenían como objetivo garantizar el aislamiento de parte de la población afectada por un brote de COVID-19, si bien el grueso de las resoluciones emitidas por el Ejecutivo autonómico se han destinado a proporcionar un lugar donde pasar la cuarentena a personas llegadas en patera tras haberse identificado al menos un positivo entre los miembros de la infraembarcación.

En concreto, según los datos que maneja el Gobierno andaluz, han sido nueve las pateras afectadas en las que se han identificado al menos 12 casos positivos y han conllevado a ordenar el aislamiento de 80 personas —incluidos los positivos detectados—, aunque de ellas al menos 15 no fueran objeto de traslado alguno finalmente ante las discrepancias surgidas entre la Junta y la Subdelegación de Gobierno sobre las competencias para ejecutar los traslados de los no contagiados.

El resto de medidas emitidas por la Junta tuvieron lugar el 24 de julio, cuando se dictaron tres resoluciones destinadas a ordenar el confinamiento de tres grupos de convivientes de ocho, cuatro y 20 personas en dos núcleos poblacionales de Níjar, donde por entonces se detectaron varios brotes asociados a un mismo entorno laboral.

Fueron los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar los que solicitaron el aislamiento de los afectados en viviendas cedidas por el Consistorio una vez se percataron en los mismo no estaban "respetando las indicaciones recibidas" pese a haber sido informados debidamente y tener sus necesidades básicas cubiertas, lo que podía dar lugar a "potenciales nuevos focos" de transmisión.

La primera medida emitida por la Junta tuvo lugar el pasado 30 de junio, cuando aún no se habían articulado los recursos habitacionales a través de la red de albergues Inturjoven de la Junta ni se había establecido un protocolo por parte del Ministerio de Inclusión, lo que obligó a designar el internamiento hospitalario obligatorio de dos personas que se encontraban en el CATE del Puerto de Almería en el CARE de El Toyo.

La decisión de internar en el centro hospitalario a los afectados se adoptó entonces ante el "riesgo sanitario" y la "situación de demora en la búsqueda de un recurso adecuado por la entidad responsable" en aras de "salvaguardar la salud pública del resto de la ciudadanía", si bien desde la Junta se entendía que debía ser el Gobierno el que habilitara un recurso habitacional "dentro de sus competencias".

Posteriormente, han sido un total de nueve las medidas de aislamiento obligatorio mediante la cesión de recurso habitacional las que se han dictado entre el 25 de julio y el 26 de septiembre —cinco de ellas en agosto— tras la realización de pruebas PRC en el Puerto de Almería o posteriormente en los centros de acogida de Cruz Roja para asegurar el aislamiento de los positivos al menos 10 días antes de una segunda prueba y de sus contactos estrechos por un periodo de dos semanas.

Así, la Junta de Andalucía se ha encargado del traslado de los afectados por COVID-19 o bien a un centro hospitalario —si la situación lo requería— o a los espacios habilitados en Algeciras (Cádiz) o Víznar (Granada), mientras que se ha solicitado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar "la correcta ejecución de la medida" conforme al resto de contactos estrechos; una colaboración prestada hasta el 7 de septiembre sin que volviera a producirse posteriormente al no detectarse de nuevo, por parte de la Subdelegación de Gobierno, una "situación excepcional" como las anteriores.

Cabe recordar que para la representación del Gobierno en Almería, estos traslados de contactos estrechos "no es una competencia" que la Policía Nacional "tenga que asumir", toda vez que si lo ha hecho anteriormente, ha sido por "una situación excepcional" que "no puede convertirse en regla", según justificaron.