Almería

Justicia facilita la visita de 115 menores hijos de víctimas de violencia de género a sus padres

  • Los encuentros se producen en el Punto de Encuentro Familiar que está en el juzgado

El Punto de Encuentro Familiar está en la Ciudad de la Justicia.

El Punto de Encuentro Familiar está en la Ciudad de la Justicia. / J. A.

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Almería ha atendido en el primer semestre de este año a 220 menores de edad. Se trata de los niños y niñas que llegan por derivación judicial y cuyos casos se corresponden con progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad. Durante los seis primeros meses de 2018, el PEF de esta provincia tramitó un total de 202 expedientes, 97 de ellos (el 48%) derivados por juzgados de Violencia contra las Mujeres y en los que había afectados 115 menores con medidas de protección determinadas por los órganos judiciales.

Los Puntos de Encuentro Familiar fueron constituidos por la Consejería de Justicia como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales. Para estos casos de violencia de género, en los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas, además de fijar un protocolo horario que garantiza el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.

Los PEF, que se pudieron en marcha en 2009, cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos de conflictividad familiar. Es un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito que propicia la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución judicial.

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