"Esta sentencia es una batalla ganada, pero no es el final de la guerra". Con estas palabras Juan Grima, presidente de la plataforma Levante sin Cables, mostraba su satisfacción ante la sentencia del juez Jesús Rivera la cual declara nula la resolución que autorizaba a Endesa a colocar una linea de alta tensión aérea Los Naranjos-Vera, que afecta a un centenar de fincas de los municipios de Antas, Turre, Los Gallardos y Mojácar.

En la rueda de prensa realizada ayer los miembros de la asociación anunciaban que pedirían a la Junta el cese de la actividad y por consiguiente el desmantelamiento de las torretas instaladas por la empresa.

El letrado Abel Lacalle señaló que la sentencia venia a decir "que todo el proceso expropiatorio realizado es nulo, por lo que se debía de volver a realizar". La misma insta a la Administración autonómica a paralizar el proyecto en un plazo máximo de 20 días. Pasado este tiempo los afectados irán de nuevo a los tribunales, pero esta vez con la sentencia de Rivera en la mano.

A pesar de que la historia puede cambiar, tanto los representantes de la plataforma como los abogados se mostraron satisfechos con la resolución. En ésta se obliga a modificar el trazado de la línea eléctrica y buscar una alternativa que sea menos perjudicial para los afectados. En concreto, al menos se retiraría una torre de 42 metros ubicada a tan solo 13 metros de distancia de la casa de Astrid Schröder, una veterinaria alemana afincada en la zona.

Levante sin Cables ha querido hacer hincapié en que la plataforma no estaba en contra de la instalación de la red eléctrica sino en la forma de hacerlo, ya que ellos pedían el soterramiento de la misma. "Endesa se negó a negociar con los municipios afectados" afirmaba Lacalle y añadía que "el problema es que el trazado como se ha hecho costaba unos tres millones de euros, mientras que si se procedía al soterramiento el coste subiría a unos nueve millones".

El abogado destacó que el fallo tiene efecto sobre todos los propietarios de fincas a los que se les expropió el terreno por vía de urgencia.

Otra de las consecuencias derivadas de la sentencia de Rivera es que a partir de ahora será obligado, no solo en este caso para Endesa, sino a todas las empresas la solicitud de una licencia municipal de obra. De este modo se concede a los ayuntamientos la posibilidad de poder conceder o no la licencia. Si no fuera así las obras que hasta el momento se han realizado pasarían a ser ilegales y por tanto los Ayuntamientos podrían autorizar su derrumbe.

Las corporaciones de Turre, Los Gallardos y Vera habían aprobado en Pleno durante el mandado anterior y por unanimidad, el soterramiento del nuevo tendido eléctrico, al igual que lo pidió Levante sin Cables. La plataforma señala que la intención de construir la estación eléctrica era abastecer, entre otros, el complejo turístico de Macenas, unas obras que están paradas. Por consiguiente la "urgencia de estas obras no son reales" afirmaban. Al igual que la necesidad de otros municipios de la electricidad generada por esta estación.