La Mancomunidad de Municipios del Levante aprobará en el pleno que celebra el jueves una moción con la que pedirán a Gobierno y Junta de Andalucía la apertura "sostenible" del hotel construido del Algarrobico en Carboneras. Los catorce pueblos de la comarca, arropados por tejido empresarial y la promotora de la instalación de 22 plantas y 411 habitaciones en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, quieren sumar todos los apoyos posibles dentro y fuera de la provincia con la finalidad de lograr una alternativa al derribo con la que evitar la pérdida de los 107 puestos de trabajo directos y  400 indirectos que contemplaba la iniciativa turística parada en seco. 

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, señala que será el segundo paso que darán después de la constitución de un grupo de trabajo, hace un par de semanas, al que también se van a incorporar técnicos de las dos administraciones implicadas con el objetivo de consensuar un proyecto que se integre en el medio natural. Los partidarios del macrohotel, cuya instalación    está abandonada completamente desde hace seis años cuando sólo faltaban por culminar las zonas comunes y salones, entienden que es un elemento "dinamizador" para la economía y el turismo en la comarca que no se puede perder, mucho menos ahora que la crisis y el paro asfixian a la provincia. 

Y no están solos. Frente a las continuas protestas de los grupos ecologistas exigiendo la demolición, entre los agentes sociales y económicos locales han aparecido colectivos como el Grupo de Desarrollo Rural Levante (Proder) y el Colegio de Arquitectos de Almería reivindicando la legalidad de la instalación de Azata del Sol. Su portavoz, José Rodríguez, ha explicado a Diario de Almería que las sentencias judiciales en contra todavía pueden salvarse y el hotel abrir sus puertas si las administraciones quieren tomar medidas atendiendo al interés público. "Estamos abiertos a buscar una solución con Gobierno y Junta y no descartamos su apertura", añade. 

El subdirector de Azata del Sol recuerda que de no llegar a ningún acuerdo quedan "muchos años de Algarrobico" por los recursos que aún deben resolverse en los tribunales. De hecho, el propio ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado recientemente que resta un "largo recorrido jurídico", toda vez que siguen en curso dos procedimientos contra la licencia que dio pie a construir el complejo. Sobre la última sentencia del Supremo, la empresa explica que no se invade el dominio público marítimo-terrestre y sí la zona de servidumbre de 100 metros porque las administraciones competentes (Ayuntamiento, Junta y Gobierno) la situaron en su día en sólo 20 metros cuando Azata del Sol adquirió los terrenos. "Abogamos porque se encuentre una solución que salve los puestos de trabajo, porque aquí la empresa pierde una gran inversión, pero la sociedad también sale muy perjudicada", añade José Rodríguez. El primer edil del municipio afirma que "el derribo del hotel es una solución que no beneficiaría a nadie y la recuperación de la situación ambiental anterior es algo absolutamente imposible". De ahí que proponga contar con la opinión y asesoramiento de expertos para estudiar las fórmulas de integración del hotel en su entorno natural. Mientras tanto, Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso para su debate en la Comisión de Medio Ambiente por la que insta al Gobierno a iniciar los procedimientos pertinentes con el objetivo de "recuperar la playa de El Algarrobico". Eso sí, una vez que se haya demolido el hotel. La formación reclama al Ejecutivo que establezca una propuesta concreta "con el correspondiente cálculo de costes sobre la forma de deshacer la edificación y recuperar el máximo de los materiales de construcción utilizados en su día".  El PSOE de Almería y UPyD han presentado sendas enmiendas a los Presupuestos Generales en las que se piden fondos para proceder con el derribo lo antes posible.

La promotora ha invertido 48 millones de euros en una obra que comenzó en 2003 y se quedó al 95% de su ejecución al ser paralizada en 2005. El coste de la demolición, según la estimación del Colegio de Arquitectos de Almería, rondaría los 11 millones de euros, una cantidad que hoy por hoy las administraciones no están dispuestas a poner sobre la mesa y mucho menos si encima se tiene que indemnizar a una empresa que tenía todas las autorizaciones y permisos necesarios.  De hecho, un informe de la Abogacía del Estado ya dejó bien claro hace un par de años recomendó descartar una posible expropiación y acuerdo con Azata del Sol. 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha reiterado que el hotel de Azata del Sol es absolutamente legal y critica que se quiera demoler el inmueble "a costa de los impuestos de los ciudadanos" cuando la infraestructura nació con todos los avales y permisos preceptivos por parte del Ayuntamiento de Carboneras, la Junta de Andalucía y la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. "Es legal desde todos los puntos de vista", señala el decano, Javier Hidalgo. Los arquitectos almerienses argumentan que su delimitación, emplazamiento, distancia a la línea marítimo-terrestre y desarrollo urbanístico cumplen todos los requisitos legales y recuerdan que "a favor de la implantación del hotel" han intervenido el consistorio carbonero, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, las consejerías de Turismo, Sanidad y Economía y Hacienda, así como la Dirección de Costas. Se ha producido una sucesión de errores, casi tantos como habitaciones tiene el hotel, de los que nadie se quiere responsabilizar, entre ellos posiblemente el de la ministra Cristina Narbona cuando en 2006 decidió acabar con el hotel.