Más protección a las víctimas de violencia de género y hacer más hincapié en la elaboración de campañas preventivas para los hombres son algunas de las nuevas medidas contra la lacra del siglo XXI. Aurelia Jiménez, secretaria de Políticas contra la Violencia de Género hacia las mujeres en Andalucía y Noemí Cruz, diputada autonómica, realizaron un estudio sobre la recién llegada Ley de Violencia de Género, aprobada el pasado 18 de julio. "La Ley de prevención y protección integral contra la violencia de género, aprobada por el Pleno del Parlamento andaluz el pasado 18 de julio, con la abstención de Izquierda Unida. Calificó de pionero y que viene para contribuir a la erradicación de esta terrible lacra de nuestra sociedad, que es la violencia de género. La nueva ley andaluza da una vuelta de tuerca más al concepto de violencia de género y lo amplía a las violencias fuera de la pareja o la expareja". Por su parte, Aurelia Jiménez añadió: "Tras la reforma, el texto protege a las mujeres víctimas de feminicidios, acoso sexual, explotación sexual, matrimonio forzoso, mutilaciones genitales o crímenes en nombre del honor".

Otras de las particularidades que recoge el decreto son las siguientes: refuerzo del tratamiento del maltrato en los centros municipales, más fomación para los trabajadores, nuevos mensajes para las víctimas y supervivientes, se realizará un Plan Integral para cada víctima, protocolo de acompañamiento, atención psicológica para los hijos que hayan vivido violencia de género en el hogar familiar, la personación de la Junta de Andalucia como acusación en los juicios. "Nuestra sociedad no será plena y auténticamente democrática hasta que sea una sociedad feminista y paritaria, en la que las mujeres pasemos de víctimas a ciudadanas", expresó Jiménez.

En cuanto al Gobierno central, las socialistas, hacen referencia a la revisión del Código Penal en el apartado de las visitas a los menores, además de ampliar el presupuesto de 20 millones de euros incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que los ayuntamientos y entidades locales pongan en marcha medidas de prevención y protección, hay que sumarle la revisión que ha hecho de los 80 millones que ese mismo destinaba a la administración estatal.