La Audiencia Nacional (AN) ha requerido por segunda vez al Gobierno que remita la documentación que ha solicitado sobre el plan para limpiar las 40 hectáreas contaminadas con plutonio en Palomares y le afeado su "falta de respuesta".

 En una providencia de 16 de septiembre, consultada por Europa Press, el tribunal señala que el procedimiento iniciado en 2017 por Ecologistas en Acción para que se ejecute la rehabilitación de la zona "tiene un importante retraso" y subraya que este procede "de una falta de respuesta" por parte del Gobierno a la petición de desclasificación de documentos que le hizo en febrero.

 La Audiencia Nacional acuerda dirigir una comunicación a la Subdirectora General de Recursos y Relaciones con los tribunales del Ministerio de Presidencia para reiterarle que le remita copia de la solicitud que el propio ministerio informó que había hecho a las autoridades de EEUU "sobre la desclasificación de documentación" para conocer su postura y saber si da el visto bueno.

La sala se ciñe a esta petición a las autoridades de EEUU porque Presidencia sí ha remitido, por contra, el enviado para indagar su parecer también al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

 En la escueta resolución que firma el magistrado José Guerrero, le pide al Gobierno, asimismo, que informe "de los avances que se han podido producir" en aras de tener acceso a esa información que considera necesaria para dictar sentencia.

 Se trata de la segunda advertencia que la Audiencia Nacional hace sobre la "importante demora" que sufre el recurso contencioso-administrativo. En junio, en otra providencia, el tribunal ya lo subrayó después de que el Gobierno le dijese que para desclasificar el Plan de Rehabilitación de Palomares necesita el "consentimiento de las autoridades de EEUU" a las que ya se "había cursado consulta".

 En esa resolución de hace justo tres meses, avisaba al Gobierno de que era "necesario" que respondiese "con la mayor agilidad posible" a sus peticiones dada la "importante demora" y le le pedía una "previsión temporal" acerca de cuando podría aprobar el Consejo de Ministros que se levante el secreto que pesa sobre el plan de limpieza de Palomares aprobado en 2010.

Cabe recordar que el Gobierno remarca que el plan reclamado por la Audiencia Nacional "incluye información contenida en documentos de terceras partes" y considera, tras recibir informes al respecto según dice, que la descalificación "requiere obtener previamente la conformidad de las autoridades de EEUU". 

Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la "clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares "con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada" previstos en el citado plan de rehabilitación.

  La Audiencia Nacional considera que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico "reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966" y considera, por tanto, que "es necesario conocer los planes que se hayan elaborado".

  El auto contó con el voto particular del magistrado Helmuth Moya, quien ya no forma parte del tribunal y para quien la "obligación" de "descontaminar corresponde" a España que, "como país soberano", no puede "justificar su inacción" en la "falta de cooperación" de EEUU. En su lugar, se ha incorporado la magistrada Begoña Fernández Dozagarat. REBAJA DEL VOLUMEN DE TIERRA CONTAMINADA A LIMPIAR

  La Audiencia Nacional ha rechazado recientemente, al estar el procedimiento visto para sentencia, pedir de nuevo que se aporte el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.

  En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo. Esta modificación se produjo en el pleno de 22 de julio de 2015 del CSN.

  En su día, el CSN aportó un documento que "no era copia certificada" del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

  Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del Department of Energy (DOE) de EEUU y asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

  El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. "OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD" PARA CON ESTADOS UNIDOS

  Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

  La Abogacía del Estado, por su parte, siempre lo ha rechazado. En el primer caso, alegó que se trataba de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no puede realizar la aportación del mismo".

  En esta misma línea, señaló que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CSN en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio y remarcó que el Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, "lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".