El juicio de Obrascampo se cerrará en las próximas horas con una sentencia de conformidad

El acuerdo de los acusados en la trama articulada en torno al ya extinto Grupo Obrascampo se hace de rogar. Aunque estaba previsto que se cerrase este lunes, tras la cancelación a primeros de marzo de la primera sesión de la vista oral en el inicio de las cuestiones previas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, no ha sido así.

Si finalmente se produce, los procesados verán reducidas las penas de prisión y aceptarán su culpabilidad y asumirán la pena pactada entre el fiscal y sus abogados renunciando a pedir su absolución a cambio de una rebaja en la condena que se conocerá cuando se haga efectivo el fallo judicial. Una de las cuestiones que centran las negociaciones es la del plan de pagos necesario para hacer frente a las indemnizaciones y multas que tendrán que afrontar, según han precisado fuentes judiciales.

Los principales investigados son el propietario y fundador de Obrascampo, Antonio José Pérez Torres, y el asesor fiscal Israel Martínez, quien fuera administrador de dos sociedades del grupo, para los que la Fiscalía reclamaba inicialmente penas que suman 17 años y medio de prisión y al pago de multas de más de 5 millones de euros. Así consta en la calificación del fiscal en la que se contemplan peticiones de prisión de 18 meses a 10 años para el resto de los acusados.

La sanción económica acordada con el beneplácito de la Abogacía del Estado que se personó en la causa por el fraude a Hacienda rondará el millón de euros, según han indicado fuentes jurídicas, pero sigue en negociación el citado plan de pagos. Los dos fueron detenidos el 27 de noviembre de 2014 dentro de la Operación Cobrarealizada por agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, quienes ya llevaban un año investigando al promotor que fundó un imperio inmobiliario llegando a generar más de 300 empleos directos en ocho oficinas en Almería siendo una de las constructoras de mayor peso de Andalucía.

El fiscal afirma que eran los administradores de “hecho y de derecho” de las sociedades Obrascampo e Impronixar y que, con la “expresa colaboración y pleno conocimiento del resto de los acusados en su condición de intermediarios”, despatrimonializaron las empresas del grupo inmobiliario con la finalidad de sustraer de los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente la Hacienda. Y se hizo mediante la “ocultación de forma continuada” de los bienes a través de un entramado societario que dificultaba la identificación del verdadero titular y gestor de Obrascampo, Antonio José Pérez Torres, mediante nombramientos.

Obrascampo debía a la Hacienda Pública en diciembre de 2015 un total de 14,7 millones de euros y, según la Fiscalía, había protagonizado un “vaciamiento patrimonial” entre 2009 y 2013 mediante una serie de operaciones de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias, de modo que renunciando a la exención del IVA se obtuvieron importantes cantidades de dinero que no fueron ingresados en el Tesoro Público. La trama con la que pretendían engañar al fisco a gran escala se articula sobre una formidable ingeniería financiera asentada en miles de operaciones entre empresas, movimientos de capitales y contratos que quedan al descubierto en los informes de la Agencia Tributaria.

Más de diez cajas de documentos, los que se requisaron en los registros realizados junto a las detenciones a finales de noviembre de 2014, con la dificultad que implica llegar al destinatario final de cientos de movimientos bancarios y traspasos de bienes que se pretendían ocultar con un conjunto de artimañas contables fueron estudiados en profundidad durante más de un año por los funcionarios de Vigilancia Aduanera para realizar las diligencias que se entregaron en enero de 2016 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. 

En el informe definitivo se revela el modus operandi empleado por los acusados del fraude basado en la falsificación de facturas tanto de empresas como de servicios ficticios, en no declarar el IVA en la venta de viviendas con las que sufragaron su deuda a través de daciones en pago, en ejecuciones hipotecarias y otros métodosde una trama que alcanza a una treintena de empresas de las que 17 carecían de actividad.

El dinero cobrado por el IVA, tras su plan para ir entregando bienes hipotecados a los bancos, nunca se ingresó en la hacienda pública y fue ocultado con las sociedades instrumentales que trasladaron los fondos de unas a otras, simulando préstamos y deudas. Los indicios de delito resultaron tan evidentes que la jueza dictó ingreso en prisión del promotor y sus asesores eludible bajo una fianza de 300.000 euros que, tras un breve periodo entre rejas, acabaron pagando.