El Juzgado de lo Penal 3 de Almería ha ordenado la demolición de 17 viviendas unifamiliares construidas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras en el paraje Media Legua de Cantoria en el marco de una causa penal en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza, no obstante, condenarle a que indemnice a compradores de buena fe tal y como solicitó el fiscal ya que, "aunque pueda cabe sospecha de su existencia", considera que la documentación presentada por el acusado con respecto a "posibles" contratos de compraventa "ofrece poca confianza".

Argumenta la sentencia que resulta "palmaria la mala fe" de A.P.R. ya que, si bien su defensa planteó como cuestión previa la existencia de terceros que ocupan las viviendas construidas "pretendiendo" así que se devolviera la causa a instrucción a fin de que se hiciera ofrecimiento de acciones a los mismos, no ha dicho "ni una palabra ni presentado la documentación" en "nueve años" de litigio y pese a que "fue requerido en diciembre de 2005 para que demostrase la venta de las viviendas".

La magistrada María Soledad Balaguer deja la puerta abierta, no obstante, a que los perjudicados, de quienes puede caber "la sospecha de su existencia", puedan ejercitar las acciones legales en el procedimiento civil o contencioso-administrativo que corresponda al acusado o "a la administración --en este caso el Ayuntamiento de Cantoria-- por su inactividad en el ejercicio de su potestad sancionadora".

Así, en el fallo, dispone que se notifique la sentencia "en las 17 viviendas cuya demolición se ha acordado, por si las mismas se hallaran ocupadas por terceras personas a fin de que queden enterados de la misma y puedan ejercitar las acciones que les correspondan".

El residencial se empezó a construir en marzo de 2005 "siendo conocedor" el acusado, quien reconoció en juicio haberlas promovido, de que el suelo "era no urbanizable, sin solicitar licencia de obras, sin el preceptivo proyecto elaborado por arquitecto y sin nombrar arquitecto director de obra, ni técnico director de ejecución".

Ante este anuncio, desde la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), que agrupa a propietarios británicos de viviendas fuera de ordenación en Almería, han advertido de que esas viviendas "están ocupadas" y ha criticado que los perjudicados "no hayan sido informados" del procedimiento penal.

La portavoz del colectivo, Maura Hillen, ha indicado que seis de las familias afectadas por esta orden de derribo decretada por el Juzgado de lo Penal 3 son "miembros" de AUAN y ha trasladado que se encuentran "aterrorizados" ante la posibilidad de "perder sus casas".

"Tienen mucho miedo, están profundamente tristes y llenos de incertidumbre", ha asegurado Hillen, para quien, según ha dicho, resulta "incomprensible" que "los juzgados no hayan intentado contactar con ellos para que pudieran defenderse y defender sus intereses".

Al hilo de esto, ha calificado los hechos de "muy graves" y ha reiterado la "indefensión" de los compradores de buena fe ante las sentencias que ordenan la demolición de lo construido sobre suelo no urbanizable aunque, en contra de lo que pasa en este caso, "se ordene que sean indemnizados porque la realidad es que nunca la reciben".