La secretaria general del PSOE de Garrucha, María López, ha exigido al alcalde del PP, Juan Francisco Fernández, “que explique dónde están los 1,3 millones de los garrucheros” que han desaparecido de las arcas municipales y que presuntamente podría haber malversado, después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera le haya imputado ese delito y el de presunta prevaricación.

López, que ha recordado que fueron los socialistas quienes pusieron en conocimiento de la justicia los hechos, ha precisado que junto al regidor también ha sido imputado por presuntos delitos de malversación, usurpación de funciones públicas e intrusismo profesional, además de por prevaricación, un ex interventor nombrado por Juan Francisco Fernández pese a que carecía de la titulación y de la habilitación estatal necesarias para ejercer ese cargo.

Ante esta situación, la portavoz socialista ha exigido “una aclaración inmediata por parte del alcalde de dónde está el dinero de todos los garrucheros” y ha calificado como “insostenible el silencio que ha tenido con relación a un hecho tan grave como la desviación de fondos públicos finalistas a otro destino que no era el establecido”.

“Exigimos que en los próximos días comparezca y dé explicaciones sobre lo que ha ocurrido con más de 1.300.000 euros que debería de haber en las arcas municipales y que parece que no están”, ha sentenciado.

Para los socialistas, “en un momento en el que la sociedad necesita la transparencia en las actuaciones por parte de los representantes públicos, los primeros que no están cumpliendo este principio son los responsables del Partido Popular en el Ayuntamiento de Garrucha”. Y en esa línea, ha enfatizado que “el hecho es tan grave que si no pudiera dar explicaciones públicas en breve, este señor y su equipo de gobierno no debería de estar al frente de ninguna administración pública”.

El caso se remonta a febrero de 2014, cuando el Grupo Municipal Socialista presentó una querella en la que se apuntaba que el alcalde del PP podría haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos y otro presunto delito de prevaricación por haber autorizado para ejercer de interventor municipal a José Francisco Hernández Rueda, un funcionario del Ayuntamiento de Almería que no tenía titulación ni habilitación estatal para dedicarse a esa labor. Por su parte, a este funcionario se le acusaba en el mismo texto de la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas e intrusismo, además de malversación y prevaricación.

Detalle de lo ocurrido

María López ha explicado que con el Ayuntamiento funcionando con esta persona nombrada por el PP como responsable de las cuentas municipales hasta mediados de 2013, el PSOE va detectando “la desaparición” dentro de la contabilidad municipal de determinadas cantidades con las que se contaba cuando los populares llegaron al poder para ejecutar dos proyectos concretos. 

Esas sumas de dinero estaban relacionadas con un depósito de 1,8 millones de euros -consignado por particulares- para la ejecución por parte de la empresa pública Galasa de obras de canalización y abastecimiento de agua en nuevas zonas en desarrollo en la localidad, del que solamente se gastó una mínima parte, y con 6 millones conseguidos a través de la venta de una parcela de titularidad municipal que tenían que dedicarse a sufragar las obras de aparcamientos y remodelación de la plaza Pedro Gea. 

Es un informe requerido por parte del PSOE al nuevo interventor del Ayuntamiento, una vez que fue cesado el que actualmente se encuentra imputado, el que acredita que en la caja del Ayuntamiento de Garrucha debía haber 2,3 millones de euros correspondientes a lo no gastado en esos dos proyectos, pero que en realidad sólo hay 959.000 euros. 

De esta manera, el propio interventor acredita que faltan más de 1,3 millones de euros de las arcas municipales que, según sospechan los socialistas, se podrían haber dedicado a sufragar gasto corriente del Consistorio que, según han criticado, se ha disparado durante el mandato popular.

Para concluir, desde el PSOE han alertado de que la situación creada por el alcalde podría incluso seguir complicándose si los particulares que consignaron importantes cantidades de dinero para las obras de abastecimiento de agua que no llegaron a realizarse decidieran reclamar al Ayuntamiento la devolución de las mismas.