La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha trasladado la oposición de su grupo a que el alcalde ponga en manos privadas la gestión de la nueva Biblioteca Central José María Artero, que ha costado a los almerienses más de 3 millones de euros, junto con la de las cuatro salas de barrios que componen la actual red de bibliotecas municipal. En la actualidad, según pudo confirmar la concejala con una pregunta elevada en pleno al gobierno municipal, se están elaborando los pliegos de condiciones para poder sacar a concurso un contrato de servicios a una empresa que se haga cargo de esta gestión y que, fundamentalmente, conllevará la contratación de personal.

“El alcalde y el PP no tienen excusa alguna para poner en manos privadas la gestión de la Biblioteca Central y del resto de salas en los barrios ya que podrían, como han hecho con otras cinco categorías profesionales que se necesitan cubrir dentro del Ayuntamiento, convocar bolsas de trabajo para que cualquier ciudadano pueda acceder a esos puestos”, ha explicado. Eso para empezar, ya que “además, también tendría que dar la posibilidad de acceder a esas plazas a los funcionarios del Ayuntamiento que cumplan con los requisitos, a través de un proceso de promoción interna”.

En ese sentido, ha detallado que con la próxima contratación de personal por parte de una empresa privada para gestionar la red municipal de bibliotecas se ahonda “en la administración Frankenstein del PP”. “Frankenstein porque desfigura los servicios que tendrían que ser públicos al mezclar abusivamente la fórmula de gestión pública, privada y las colaboraciones con entidades. Y eso provoca que podamos encontrarnos con tres tipos diferentes de empleados, con distintos derechos y condiciones laborales: Los funcionarios; becarios que cobran 350 euros al mes, y los futuros trabajadores de una empresa privada”, ha subrayado Ramírez.

De ese modo, y según ha lamentado la concejala socialista, “esas diferencias entre los trabajadores suponen un agravio y solamente pueden conducir a malestar y a conflictos de personal que terminan repercutiendo, aunque no se quiera, en la atención y en el servicio que reciben los almerienses”.