Almería

Pedro Llamas tendrá otro juicio en octubre por 17 casas ilegales

  • La Fiscalía de Almería pide para el exalcalde 12 años de inhabilitación para cargo o empleo público

Pedro Llamas, quien dejó el cargo de alcalde de Cantoria hace poco menos de un año tras ser inhabilitado en firme por hechos similares; se enfrenta en octubre a un nuevo juicio en el que está acusado de permitir la construcción de 17 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable, a las que además concedió autorizaciones para el suministro de luz y agua.

Llamas está imputado por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y otro supuesto de omisión del deber de perseguir delitos, por el que la Fiscalía tiene previsto pedir penas de nueve y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Junto a él será enjuiciado el constructor, A.P.R., propietario del terreno calificado como no urbanizable y con una extensión de 1,8 hectáreas localizado en el paraje Media Legua en el que se levantó el residencial para el que el Ministerio Público interesa la demolición.

El promotor está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y para él solicitan las penas de 21 meses de prisión, multa de 18 meses a razón de 12 euros al día e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.

Según se recoge en el escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, Llamas y el constructor se reunieron en marzo de 2005. En ese encuentro, A.P.R. le comunicó su proyecto y presuntamente el regidor le dijo que podía hacerlo pero que, como el suelo era no urbanizable, ni él debía solicitar la licencia ni él podía concederla.

Además, le habría trasladado que en "un futuro podrían legalizarse" las viviendas, por lo que comenzó la obra. En octubre de 2005, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personaron en el paraje y comprobaron que se había terminado una de las edificaciones y que el resto estaban en ejecución.

El escrito detalla que Pedro Llamas firmó en marzo de 2005 un escrito autorizando el suministro eléctrico "siendo consciente de que no podía concederla pues no tenían licencias de obras ni mucho menos de primera ocupación". Le reprocha el Ministerio Público que "conociendo que las viviendas en construcción eran ilegales no inició expediente de disciplina urbanística ni de restauración de la legalidad como era su deber" y que comenzase los trámites para la autorización de suministro de agua.

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