La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado hoy a los miembros de un presunto grupo dedicado a prostituir a mujeres en distintas localidades de la provincia almeriense a penas que van de tres meses de cárcel a 23 meses de prisión.

Excepto uno de los acusados, que se encuentra en búsqueda y captura, el resto de los de 22 imputados han mostrado su conformidad en la vista oral de hoy después de que la fiscal haya rebajado sus peticiones iniciales de entre un año y 20 años de prisión, tras aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los dos principales acusados, J.M.C. y su pareja N.G.R.S., han aceptado penas de 6 meses de prisión y una multa por un delito de asociación ilícita; una multa por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; 12 meses de cárcel y multas por sendos delitos de prostitución; dos meses de cárcel y el pago de 25.000 euros por un delito de blanqueo, y 3 meses de prisión por tenencia ilícita de armas, lo que hace 23 meses de presidio para cada uno.

Según el fiscal, el objetivo de esta supuesta banda era la explotación sexual en España de mujeres procedentes de otros países, principalmente de Europa del Este y Sudamérica, actuando como un grupo organizado de carácter estable que funcionó desde 2004 hasta abril de 2009.

Para ello disponían de varios locales ubicados en diferentes localidades almerienses en los que se ejercían las actividades de alterne y prostitución.

"Conforme a un plan preestablecido y de acuerdo a un previo reparto de funciones, con la intención de obtener un beneficio económico, cada uno de los miembros del grupo desempeñaba un cometido específico, contando la red con una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal", afirma la Fiscalía.

A la cabeza del presunto grupo estaban J.M.C. y su pareja N.G.R.S., que "dirigían de hecho la organización y los distintos clubes" y que todas las decisiones se adoptaban con "su aprobación", así como que el resto debía informarles de la "evolución del negocio y de las incidencias que pudieran surgir".

Otro acusado, A.J.M. gestionaba las finanzas de la organización.

Los dos primeros crearon con la ayuda de A.J.M. un "entramado de personas físicas, que cotizaban como autónomos, y personas jurídicas, que daban cobertura a los clubes", para evitar aparecer como los verdaderos dueños de éstos y "ocultar así los beneficios obtenidos". Otros dos acusados que actuaron como testaferros.

Otros acusados entablaban acuerdos y contactos con agencias de viaje "aparentemente legales" que interactuaban en Rusia y Brasil para traer clandestinamente a mujeres a las que se había prometido un trabajo en el sector de la hostelería o que aceptaban prostituirse debido a sus necesidades económicas.

A las víctimas se les preparaba toda la documentación necesaria y que al llegar al país eran recogidos por miembros de la red que las trasladaban a los clubes para prostituirse y hacer frente a una "deuda" que incluía el coste del viaje y la comisión de las personas que las habían captado.

Otros acusados regentaban o gestionaban dichos clubes ejerciendo el control diario de las actividades que se desarrollaban en ellos y percibiendo directamente las cantidades que abonaban los clientes, entregando a las mujeres unos "tiques de trabajo", entre otros.

En los domicilios de varios de los acusados fueron encontrados diferentes armas como dos pistolas o una escopeta de cañones paralelos.