La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar cuatro años de prisión para cada una de las dos acusadas de haber intentado estafar a una comercializadora londinense y una empresa proveedora de almendras de Almería al suplantar la identidad de ambas para interferir sus comunicaciones por correo electrónico y desviar los ingresos a una cuenta a nombre de ellas.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press, las acusadas M.A.F.C. y A.C.F. habrían ideado interceptar las comunicaciones entre ambas empresas para interferir en sus transacciones destinadas a formalizar una venta a una tercera empresa compradora ubicada en Marsella (Francia).

Así, habrían aprovechado una transacción realizada en diciembre de 2018 en la que las acusadas, con direcciones de correo ficticias aunque "alteradas sútilmente" para "crear la apariencia de ser verdaderas y empleadas normalmente" por las empresas, hicieron creer a la entidad compradora que la empresa de almendras había cambiado su número de cuenta.

De este modo, habrían facilitado a la compradora un nuevo número de cuenta, que estaba a nombre de una de las acusadas, para recibir un ingreso de 96.246 euros; una cantidad que llegaron a percibir pero de la que las acusadas no llegaron a disponer ya que la entidad bancaria bloqueó una segunda transacción a otra cuenta ante las "sospechas" que levantaron dichos movimientos.

Desde el propio banco contactaron con la empresa al tiempo que decidieron retener el dinero hasta aclarar lo sucedido, lo que permitió recuperar el fondo de la transacción desviada "por la acción de las acusadas".

La Fiscalía considera que las acusadas trataron de hacerse con un beneficio económico ilícito al colocarse "en una especie de intermediación no visible" por las empresas, haciendo creer a la compradora que quien le remitía los correos era la vendedora al hacerse pasar por esta gracias a las direcciones de correo electrónico ficticias.

Con esto, el Ministerio Público estima que el delito de estafa no consumado se ha visto agravado al valerse de una manipulación informática o artificio semejante para conseguir una transferencia no consentida y porque la cantidad objeto de la estafa superaba los 50.000 euros, por lo que pide cuatro años de cárcel para cada una de ellas. El juicio se celebrará el 28 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.