La Fiscalía de Almería ha interesado penas de siete años de prisión para dos presuntos patrones de una patera que fue rescatada este verano en aguas próximas a la costa almeriense con diez personas a bordo, entre ellas los propios procesados.

La calificación, a la que ha tenido acceso Efe, señala que entre junio y julio de 2021 los acusados promovieron de "forma directa" la "inmigración clandestina" de personas desde Orán (Argelia) con destino a España con la intención de "enriquecerse ilícitamente".

Según el fiscal, en este periodo organizaron "a cambio de dinero" todo lo necesario para realizar este viaje, apuntando que ninguno de ellos tenía "pericia" o "capacitación técnica" para navegar en alta mar.

Pese a ello, sostiene la acusación pública, patronearon conjuntamente la patera, encargándose uno de ellos del cobro del dinero y la conducción de la embarcación y el otro del manejo de la brújula.

En concreto, el fiscal mantiene que cobraron 300.000 dinares, unos 2.000 euros, a cada uno de los 8 inmigrantes que partieron desde Orán sobre las 02:00 horas del 18 de julio.

También señala que durante el trayecto entró agua en la patera, por lo que se vieron obligados a achicar la misma con garrafas de gasolina, lo que provocó que perdieran el rumbo, se quedarán sin combustible y cayese el motor al mar.

Finalmente, fueron rescatados sobre las 15:27 horas de ese mismo día a 33 millas náuticas de tierra por la embarcación 'Salvamar Spica' de Salvamento Marítimo, que recogió a un total de 10 personas, incluidos los acusados.

El fiscal insiste en que debido a las características de la patera y el número de personas que iban en ella se puso "en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo" por no contar con las "condiciones mínimas" para garantizar la seguridad de éstos.

"En última instancia, la falta de seguridad en al navegación se vio agravada por las características concretas del tráfico en la zona por la que discurrió la embarcación (...) al ser utilizado por 56 buques mercantes", añade.

Por estos presuntos hechos el fiscal acusa a los dos procesados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que solicita siete años de prisión