El Comité de Abogados por la Transparencia (CAT) ha solicitado este martes al juez decano de Almería, David Villagrá, que ejecute la resolución del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que elimina la obligación para abogados, procuradores y graduados sociales de contar con cita previa para poder acceder a la Ciudad de la Justicia.

En un escrito, el letrado Enrique José Cerrudo pide que se notifique de manera "inmediata" la decisión del CGPJ que anula el acuerdo gubernativo de Villagrá a Guardia Civil, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y colegios profesionales y que ofrezca a sus decanos "la reapertura del uso de las sedes judiciales que los colegios tienen para sus colegiados en la Ciudad de la Justicia para su vuelta a su normal funcionamiento".

Cabe recordar que el órgano de gobierno de los jueces estimó el recurso de alzada presentado por Cerrudo en representación del Comité de Abogados por la Transparencia y anuló la "necesidad de cita previa" para el acceso a la sede judicial por parte de los operadores jurídicos ya que supone un "obstáculo importante" para el desarrollo de la actividad profesional "de muchos de ellos".

La resolución, consultada por Europa Press y contra la que cabe vía contencioso-administrativa, alude a la reciente Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al covid-19 que, si bien recoge que será necesario para el público al que resulte "imprescindible acudir a sede judicial o Fiscalía" obtener cita previa "previamente", suprime la obligación para los profesionales.

"La limitación en el acceso a los edificios judiciales, que en principio se extiende hasta junio de 2021, permanece sólo para el público", remarca el órgano de gobierno de los jueces, que añade que el desarrollo de la actividad profesional "requiere y exige una atención ágil y fluida para su correcto y adecuado desempeño, siempre --matiza-- desde el lógico cumplimiento de aquellas medidas y protocolos sanitarios exigibles".

El juez decano de Almería, David Villagrá, acordó prorrogar de nuevo el pasado 20 de septiembre el acuerdo gubernativo de 12 de mayo de 2020, aún vigente el estado de alarma, que establece, entre otras medidas, que tanto "los profesionales como los deberán exhibir en el puesto de control de acceso de la Guardia Civil justificante de haber obtenido la cita previa para ser atendidos en la oficina de dichos órganos, o la correspondiente citación judicial, sin que quede permitido el acceso a aquellas personas que no exhiban las mismas".

"Una vez superado el estado de alarma, la administración de Justicia debe adaptarse durante los próximos meses a la nueva normalidad", traslada el CGPJ, que, en su resolución, subraya que es "necesario adoptar medidas de prevención y protección dirigidas a compatibilizar la salud y la seguridad con la adecuada y continuada prestación del servicio público".

Por último, recoge la comisión permanente que la ley que entró en vigor el mismo día 20 de septiembre "ha suprimido la cita previa para el acceso de los profesionales a los juzgados, por lo que concluye que procede estimar la pretensión ejercitada en el sentido de no ser necesaria la cita previa para el acceso a la sede judicial por parte de "letrados, procuradores y graduados sociales".

En su recurso de alzada, el letrado Enrique Cerrudo argumenta que prorrogar la prohibición de acceso del abogado a la Ciudad de la Justicia de Almería que carezca de citas o citación judicial "a cuatro meses más, después de los cuatro meses de prohibición que vienen, suponen ahondar en la importante pérdida de ingresos que viene padeciendo".

Destaca que, ante tal situación, el trabajo del abogado "mengua" al encontrar "limitada" su actuación profesional ordinaria en el foro a solo citas o citaciones, "sin poder hacer el normal seguimiento e impulso de asuntos, consulta de dudas e información, visionamiento de expedientes y realización del resto de tramites habituales, en definitiva trabajar, que no es solo hacer juicios o atender señalamientos".

En esta línea, traslada que, "siendo la abogacía uno de los pilares del estado democrático y de derecho, del derecho a la tutela judicial efectiva, y a una justicia independiente", esta debe poder trabajar "no solo en su despacho sino hacerlo con normalidad en las sedes judiciales, sin las prohibiciones prorrogadas".

En el recurso de alzada, Cerrudo propone la adopción adicional de medidas anti-covid 19 como, además el uso de mascarilla en su interior, "la toma de temperatura y el uso de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio judicial" y pide que, de estimarse su pretensión, se haga "extensible al resto de profesionales como graduados sociales y procuradores".