La Fiscalía de Almería ha interesado 12 años de prisión para un padre que presuntamente abusó durante años de su hija, así como 6 años de cárcel para la madre, por ocultar lo que hacía el primero. La calificación señala que el matrimonio acusado residía con sus dos hijos -entre ellos la víctima- en un municipio del norte de la provincia.

El fiscal afirma que desde 2011, cuando la pequeña tenía 4 años, el padre sometió a su hija a “tocamientos por todas las zonas de su cuerpo, incluido los genitales, en unas ocasiones por encima de la ropa y en otras desnudando a la menor”, guiado por un “ánimo libidinoso”. Asegura que entre 2014 y el verano de 2018, al menos en tres ocasiones, con un “ánimo lúbrico” penetró a la niña en su domicilio. Concreta que la primera vez fue cuando la madre acudió a un funeral, la segunda cuando la progenitora estaba en el hospital, y la tercera en un domicilio de la tía de la niña.

Asevera, por otro lado, que la madre “tenía conocimiento de los tocamientos y penetraciones” que el padre realizaba a la pequeña, ya que después de la primera penetración, éste se lo contó. Subraya que, presuntamente, no hizo “nada por evitar” los tocamientos y agresiones sexuales. Mantiene el fiscal que, aunque tras el verano de 2018 sus hijos habían dejado de residir con él, aprovechaba las visitas que hacía a la vivienda en la que éstos se encontraban para “proponer a su hija volver a mantener relaciones sexuales, a lo que aquella se negó”.

Recalca en este sentido que la víctima presenta en la actualidad una sintomatología relacionada con la violencia sexual, como rechazo al supuesto agresor y a su madre por no haberla ayudado, aprendizaje disfuncional sobre la sexualidad, etc.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama una pena de 12 años de prisión para el progenitor por un delito continuado de abusos sexuales, por el que también solicita una orden de alejamiento de 500 metros durante 10 años y la retirada de la patria potestad durante otros 6 años.

Para la madre pide 6 años de cárcel en calidad de cómplice del delito anterior, así como una orden de alejamiento de 500 metros durante 6 años y la retirada de la patria potestad durante otros 5 años.

Por último, reclama que ambos progenitores indemnicen con 60.000 euros a la víctima.