La Diputación Provincial de Almería se encargará de gestionar las obras y proyectos incluidos dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 58 municipios y una Entidad Local Autónoma. Así se aprobó en la sesión plenaria celebrada ayer, que como viene siendo la tónica habitual, no estuvo exenta de polémica. Por tercera vez en lo que va de legislatura, el diputado y alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), abandonó el Salón de Plenos tras desestimar el presidente Gabriel Amat (PP), que su municipio pudiese entrar en la lista de beneficiarios eliminando previamente las modificaciones que realizó al convenio. Según el vicepresidente de la Institución, Javier Aureliano García, "el propio informe jurídico que hemos solicitado dice que no es legal porque vulnera los principios de la Ley de Contratos".

Entre esas modificaciones planteadas por el Ayuntamiento albojense están la compra de los materiales necesarios para las obras que se lleve a cabo en las empresas situadas en el municipio, además de que se contemplara en el convenio la celebración de una reunión preparatoria de todos los proyectos, con la intención de mantener una adecuada coordinación entre la Diputación y el Ayuntamiento.

Amat puntualizaba que "Mena quiere doblegar a toda la provincia con su actitud. Ningún ayuntamiento puede manipular a esta casa y pedir a la Diputación que cometa una ilegalidad. Es muy bonito que el alcalde le diga a los comerciantes de Albox que se van a comprar los materiales del PFEA en su pueblo, sabiendo que eso no lo establece el convenio y que es ilegal". El diputado del PFEA, Guillermo Casquet, apuntó que no hay ningún tipo de penalización por entrar en la segunda tanda de pueblos en el próximo pleno junto con otros cinco ayuntamientos que presentaron la solicitud fuera de plazo por lo que se instó a Mena a eliminar esas modificaciones.

El Pleno, que contó con seis puntos en el Orden del Día, aprobó por unanimidad las bases de la convocatoria de Asistencia Económica para la dinamización de los centros Guadalinfo a Ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes con 1,63 millones y la programación de los trece Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Además, también se aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno Central a que exija a la empresa Telefónica que cumpla su obligación de mantener las cabinas telefónicas de los municipios menores de mil habitantes en unas condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento. Esperanza Pérez ha recordado que, pese a la llegada de la telefonía móvil, las cabinas situadas en los municipios pequeños "siguen teniendo una gran utilidad, sobre todo para las personas mayores y no se puede descuidar su mantenimiento, como está haciendo esta empresa".

Por su parte, el diputado de IU, Juan Pablo Yakubiuk, instó al equipo de Gobierno a que clarifique la situación administrativa de la redacción del proyecto de innovación de una parcela del Obispado en Turre.