Sota, caballo y rey. Así podría definirse la sesión plenaria ordinaria que se celebró en la mañana de ayer en el Palacio Provincial y que tuvo como tema estrella la aprobación de los presupuestos de la Diputación Provincial para este año 2012 y que salió adelante con la oposición frontal de PSOE e IU. Algo a lo que hay que acostumbrarse con la mayoría absoluta del PP que gobierna sin presiones ni titubeos.

Y es que tal y como adelantara en primicia en su edición de ayer este periódico, el equipo de Gobierno presentó unas cuentas con 8 millones menos de euros -de 178,7 a 170,7 millones- debido a la modificación obligatoria de los mismos al no poder solicitar préstamos tal y como exige el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Gobierno Central el pasado 31 de diciembre. De esta forma, los 12,3 millones en préstamos con los que se iban a financiar en parte los Planes Provinciales han obligado al equipo de Gobierno de Gabriel Amat de realizar distintas operaciones quirúrgicas en unas cuentas un tanto maltrechas y que se contraprestarán principalmente con la eliminación de distintas dotaciones presupuestarias correspondientes a retribuciones del personal laboral temporal, así como el importe de la seguridad social correspondiente a dichas retribuciones, que en total superan con creces los dos millones de euros.

En este punto del debate, tanto la portavoz del PSOE, Esperanza Pérez, como su homólogo de IU, Pablo Yakubiuk, rechazaron de pleno estos recortes al denunciar que no se van a poder cubrir las vacaciones, ni las bajas de los trabajadores de la Residencia Asistida -que sufre un recorte de un millón de euros- ni la contratación de personal en caso de alguna emergencia en carreteras al prohibirlo de forma taxativa el Real Decreto Ley del Gobierno Central.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Aureliano García, insistió en que "vamos a reordenar y reorganizar a los 1.500 trabajadores de esta casa para que optimicen su trabajo y podamos cubrir todos los turnos, vacaciones, días de asuntos propios y lo que surja", y negó, tal y como dejó entrever Yakubiuk que estos recortes vayan a suponer la privatización de servicios como el mantenimiento de la Residencia.

El diputado de Hacienda, Manuel Alías, que fue el encargado de explicar todos los pormenores y entresijos de los Presupuestos, señaló que los recortes para cuadrar y poder acometer los Planes Provinciales también pasan por "la eliminación de las dotaciones presupuestarias correspondientes a fondos de pensiones y a que se minoran las aplicaciones presupuestarias destinadas a intereses financieros como consecuencia de la no suscripción de operaciones de préstamo en este año y la consiguiente subida en la recaudación de impuestos con el aumento del IRPF y la participación en los ingresos del Estado, tanto en la cesión de tributos, como el Fondo Complementario de Financiación".

Ante tales modificaciones, el Grupo Socialista presentó cinco alegaciones que han sido desestimadas en su totalidad, dado que algunas "ya se había contemplado", según Alías, como ha sido el caso del citado préstamo para los Planes Provinciales mientras que otras "no tendrían que haber entrado" dado que, según ha explicado, se mostraban ajenas a los presupuestos o no procedían por otras razones. Así, ha especificado que en referencia a la insuficiencia de financiación para el Consorcio de Extinción de Incendios del Almanzora, éste "no se ha constituido aún" por lo que la dotación contemplada para este organismo carece de transcendencia a efectos aplicativos. Mientras, ha rechazado que, tal y como asegura el PSOE, se hayan producido aumentos de salario a los directores del IEA y del Instituto de Tutela, y que la contratación de la gerente del Patronato Provincial de Turismo se haya realizado fuera de la legalidad, al ser un cargo de confianza para la que, en esta ocasión, se creó un procedimiento de selección.

En este último punto se produjeron momentos de tensión cuando Esperanza Pérez solicitó una copia de la titulación de la gerente aduciendo que le constaba que únicamente tenía un diploma y un máster y para tal puesto se requería una titulación superior y Amat tuvo que intervenir en varias ocasiones ante el acalorado debate y amenazó con echar de la sala a los diputados socialistas por no respetar el turno de palabra. Además, le recordó a Pérez, "que si quería ver la titulación de la gerente se acercase a verla" mientras García mostraba un título que sostenía en su mano.

Hasta la aprobación de ese punto, el primero del Orden del Día, transcurrieron dos horas para una sesión que se alargó una más para aprobar en algunos casos con unanimidad y en otros con la abstención de PSOE e IU, nuevo puntos más entre los que destacaron la designación de representantes en distintos órganos.