ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del niño de ocho años Gabriel Cruz, acudieron ayer a la Ciudad de la Justicia de Almería para entrevistarse con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que deberán determinar la gravedad de las secuelas psicológicas que padecen como consecuencia del comportamiento que la presunta asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, mantuvo durante los 13 días posteriores a su desaparición en la pedanía de Las Hortichuelas, en Níjar, y hasta que se halló el cadáver del menor en el maletero del coche que conducía para intentar deshacerse de él.

Estaban citados para la práctica de esta pericial que el juez instructor, el magistrado Rafael Soriano, ordenó en un auto dictado tras la comparecencia de la procesada en sede judicial el pasado 17 de septiembre para informarle de que será juzgada por un tribunal de jurado y la imputación de presuntos delitos de asesinato, contra la integridad moral y lesiones psíquicas.

La prueba forense psiquiátrica a los padres de Gabriel fue solicitada por el Ministerio Fiscal para acreditar la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería indicó en el citado que auto que de lo practicado resultaba de forma presunta e indiciaria que, como consecuencia del fallecimiento de Gabriel a manos de la investigada, así como del comportamiento de la misma, ambos había sufrido "un estado de conmoción emocional que podría haberles supuesto lesiones psíquicas todavía por determinar".

En la resolución estimaba, asimismo, que la presunta autora, Ana Julia Quezada, quiso "hacer más grave el sufrimiento" de los padres del pequeño con su comportamiento en los 13 días en los que se prolongó su búsqueda, que "sobreactuó fingiendo desmayos" y que se "exhibió de forma pública y notoria de modo compungido y afligido" por la desaparición de un niño "que días antes había matado con sus propias manos".

"Este comportamiento en modo alguno podía ser real y estaba orientado presuntamente a hacer más grave el sufrimiento de los padres", sostuvo el magistrado Rafael Soriano, para quien Quezada "contribuyó activamente a hacer creer" a su expareja Ángel Cruz y a Patricia Ramírez que "su hijo estaba vivo".

Añadía, para apuntalar la imputación de los presuntos delitos contra la integridad moral, que les "infundió continuos ánimos, manifestándoles que, con seguridad, podría haber sido secuestrado y que pedirían un rescate por su liberación" y colaborando "activamente en la búsqueda". Como muestra de "tal proceder criminal", el auto hacía referencia al día en el que la procesada salió con el padre de Gabriel a realizar una batida junto a la localidad de Rodalquilar. "Con una excusa logró que Ángel se alejara de ella, aprovechando tal momento para sacar de entre sus ropas la camiseta que había quitado al menor después de matarlo, y poniéndola entre una matas".