Almería

El Puche se cansa e inicia una 'rebelión'

  • El barrio protesta en la calle contra los desahucios y sus condiciones de vida

  • Piden un plan que saque al barrio de un "límite extremo"

Lucía Ayala, representante de Podemos, mantuvo una reunión con vecinos del barrio de El Puche.

Lucía Ayala, representante de Podemos, mantuvo una reunión con vecinos del barrio de El Puche. / D. A.

Era evidente. La situación de El Puche se estaba tornando insostenible. Sus condiciones no son dignas en buena parte del barrio. Y aunque los planes de rehabilitación de viviendas han aflorado en los últimos años, ya son más de 8.000 los vecinos que habitan en una zona que, en sus inicios, fue creada para 3.500 y que en su mayoría es habitada por extranjeros que llegan a Almería con la necesidad de un empleo y una vida digna. Pero eso, muchas veces, es una quimera. El problema es socioeconómico ¿Y qué sucede? Que ante la imposibilidad de hacer frente al pago de una vivienda, se ocupa, o se paga una cantidad a alguien que no es ni el dueño. Se vive en unas condiciones totalmente distintas a la del resto de Almería, a la del resto de la sociedad española. Y, claro, las administraciones entienden que hay que llevar un proceso de regularización y, en algunos casos, acometer desahucios. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) inició hace muchos años un proceso de puerta a puerta para establecer una guía de las personas que viven en las casas de El Puche. Y claro, los resultados son tremendos.

En el último estudio que la administración regional aplicó en la zona (Inmigrados al límite), un 41% de los habitantes decía tener un contrato escrito, el 45,4% verbal y el 13,6% no dispone de contrato. De este documento se extrae que El Puche es el barrio de la capital donde más inmigrantes sin contrato hay. Pero, entre quienes declaran tenerlo, al 81,5% le dura 12 meses, el 8,2% dice que su contrato está firmado como mínimo por seis meses y el 4,8% por ocho meses. El estudio ponía de manifiesto que existe una alta inestabilidad, puesto que sólo el 2,1% tiene un contrato por más de un año. El resto debe renovarlo cada año o menos. En consecuencia, sólo disfrutan, de manera general, de una vivienda estable el 39% de los inmigrados (propietarios e inquilinos con contratos de más de un año), cifras que ascienden al 56,3% en El Puche.

Las quejas se suceden dentro del barrio y se extienden hasta el centro de la capital almeriense

Durante estos días se han sucedido las manifestaciones y los escritos por parte de los vecinos de El Puche que se niegan a que desahucien a vecinos y piden un plan de inversiones en el barrio que lo saque de la marginación.

'La Lucha del Puche' ha presentado a las administraciones un escrito en el que explican cómo el barrio se ha "ido deteriorando hasta límites extremos". Argumentan que "el barrio no está en ninguna agenda de las distintas Administraciones que deberían de haber hecho de este barrio una comunidad habitable de ciudadanos en plenos derechos y deberes".

Además, critican que "las agresiones desde los poderes públicos a los vecinos de El Puche han sido constantes y en los últimos años se han incrementado". Los vecinos, en este sentido, denuncian "nula inversión en alumbrado público, calles, zonas verdes, limpieza, retirada de una línea de transporte público" y, argumenta, que sobre todo "han brillado por su ausencia las políticas de empleo en un barrio con una de las tasas de desempleo más altas de Andalucía". Sostienen que más allá de "la caridad asistencialista, que también se ha visto recortada, los poderes públicos (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central) están llevando al barrio a una situación social insostenible con sus políticas".

Además, reflexionan sobre los conflictos de viviendas que se desarrollan en el barrio y explican que "se están generando tensiones debido a la política emprendida por la Consejería de Fomento a través de AVRA", refiriéndose a los trámites iniciados para desahuciar a decenas de familias que accedieron a viviendas públicas en El Puche. Aunque lo cierto es que la Junta confirma que si se realiza algún desahucio se ejecuta por la ocupación irregular de la vivienda, en algunos casos llegándose incluso a utilizar para otros menesteres.

Los vecinos piden una comisión de vecinos en la Junta, un plan de inversiones entre las distintas administraciones y la mejora de la red de alumbrado público y saneamiento.

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