Tribunales

Reconoce haber tenido a 15 mujeres trabajando sin alta en un club de alterne de El Ejido

  • Durante la sesión celebrada este lunes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, el acusado ha aceptado nueve meses de prisión y una multa de nueve meses, después de que el fiscal modificase sus conclusiones para rebajar la pena que solicitaba inicialmente, de cuatro años de cárcel y multa

Audiencia Provincial de Almería.

Audiencia Provincial de Almería. / (Almería)

El empresario acusado de tener sin dar de alta en la Seguridad Social a quince trabajadoras de un club de alterne, la mayoría de ellas sin permiso para residir en España, ha reconocido esta mañana los hechos y ha mostrado su conformidad con la petición de penas del fiscal.

Durante la sesión celebrada este lunes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, el acusado ha aceptado nueve meses de prisión y una multa de nueve meses, después de que el fiscal modificase sus conclusiones para rebajar la pena que solicitaba inicialmente, de cuatro años de cárcel y multa.

De esta forma, tras el reconocimiento de los hechos por parte del investigado, y después de que defensa y Ministerio Público hayan anunciado que no recurrirán el fallo, la magistrada Soledad Balaguer ha declarado la firmeza del mismo.

La Fiscalía tampoco se ha opuesto a que se suspenda la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La calificación de la fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el acusado es el socio y administrador único de la sociedad propietaria de dicho local, ubicado en el polígono La Redonda, en el núcleo de Santa María del Águila de El Ejido.

Desde una fecha que no ha podido concretarse y hasta el 16 de enero de 2019, el hombre actuó con "desprecio a las normas laborales y a la propia persona" de las trabajadoras que dependían de él con "intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito".

De esta forma, en dicho club trabajan 18 personas, de las que sólo tres estaban dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

"De las 15 personas restantes, respecto a dos no había solicitado el alta en Seguridad Social, y las otras 13 mujeres, de nacionalidad extranjera, carecían de autorización para trabajar y residir" en el país.

En este punto, la Fiscalía incide en las "consecuencias perniciosas para las trabajadoras en materia de seguridad laboral y derechos pasivos" que esta situación provocaba en dichas mujeres.

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