La Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y SOHA, que agrupan a ciudadanos extranjeros propietarios de viviendas fuera de ordenación en las provincias de Almería y Málaga, solicitaron ayer una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar la situación de estas edificaciones y ante la proliferación de sentencias que ordenan su derribo pese a estar reconocidos como compradores de buena fe.

"Los británicos están en estado de shock y angustia ante las malas noticias que están saliendo de futuros derribos, lo que demuestra que el problema no mejora sino que empeora", ha indicado en un comunicado la presidenta de AUAN, Maura Hillen, para quien las circunstancias "requieren medidas urgentes si se quiere que exista un ápice de posibilidad de inversiones extranjeras en las zonas afectadas".

Hillen ha advertido de que, de continuar "este ritmo" de resoluciones contrarias a los intereses de compradores de buena fe, se "corre el riesgo de crear un páramo social y económico" en las comarcas del Almanzora y la Axarquía, y ha recordado la mediación del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, para lograr la reunión con Catalá.

La reacción de ambos colectivos llega tras la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Almería que ordena la demolición de 17 viviendas unifamiliares construidas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras en el paraje Media Legua de Cantoria en el marco de una causa penal en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.

El fallo rechaza, no obstante, condenarle a que indemnice a compradores de buena fe tal y como solicitó el fiscal ya que, "aunque pueda cabe sospecha de su existencia", considera que la documentación presentada por el acusado con respecto a "posibles" contratos de compraventa "ofrece poca confianza".

Argumenta la sentencia que resulta "palmaria la mala fe" de A.P.R. ya que, si bien su defensa planteó como cuestión previa la existencia de terceros que ocupan las viviendas construidas "pretendiendo" así que se devolviera la causa a instrucción a fin de que se hiciera ofrecimiento de acciones a los mismos, no ha dicho "ni una palabra ni presentado la documentación" en "9 años" de litigio y pese a que "fue requerido en diciembre de 2005 para que demostrase la venta de las viviendas".

Hay que recordar que en noviembre ya se demolieron dos en en el paraje las Terreras del mismo municipio.