El colectivo conservacionista 'Salvemos Mojácar', impulsor de algunos de los principales procedimientos contra el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le deje ser parte en la causa en la que la promotora reclama por daños y perjuicios 70 millones de euros a Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente en un escrito en el que advierte que este órgano, en un fallo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo, ya rechazó que la mercantil tuviera derecho a indemnización.

'Salvemos Mojácar' esgrime ante la Audiencia, para que acepte su personación, que ha actuado como codemandada en cuatro recursos que se siguieron ante la misma sala que debe decidir ahora sobre la indemnización y en los que se discutió la anchura de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en esa franja litoral y en los que se terminó sentenciando que el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones vulneraba la Ley de Costas al invadir los 100 metros.

En su escrito sostiene que el Tribunal Supremo "aceptó" las alegaciones del colectivo para que se rechazase el derecho de Azata del Sol a ser indemnizada porque se declarase, en ese momento, el año 2012, una parte del hotel ilegal y esto derivase en demolición.

Recuerda, en esta línea, que el Alto Tribunal mantuvo que la promotora tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto de construcción a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección de 100 metros frente a los 20 metros del citado proyecto y sostuvo que no debió "asentar su confianza" en lo que solo era una aprobación provisional de deslinde, por lo que "hizo unos cálculos precipitados".

En esta línea, 'Salvemos Mojácar', que alega que es parte interesada en el procedimiento a fin de sostener las tesis que ya expuso tanto ante la Audiencia Nacional y ante el Supremo, alerta de que pueden producirse, en caso contrario, sentencias contradictorias y subraya que la resolución que ponga fin a este procedimiento "no puede serlo ya que podría perjudicar los intereses" que defiende.

El colectivo conservacionista va más allá y traslada a la Sala de lo Contencioso-administrativo que tanto la matriz Azata como sus filiales "conocían que los terrenos eran protegidos y que la servidumbre de protección era de 100 metros desde el 1 de enero de 1988".

Señala que un informe, de 3 de marzo de 2005, "que concluye afirmando que las determinaciones" contenidas en el Plan Parcial que dio lugar a la licencia municipal de obras del hotel "no impiden que se respeten los 100 metros de servidumbre".