El proyecto para crear una red de videovigilancia municipal en el término municipal de Níjar no ha sido tramitado ante la Subdelegación del Gobierno central ni consta en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que, según marca la normativa vigente, debe emitir un informe vinculante en un plazo máximo de un mes a través de la Comisión de Garantías.

Fuentes de la Administración y del Alto Tribunal confirmaron hoy a este medio que el Consistorio nijareño, que anunció el pasado día 22 la instalación de las primeras cámaras en el núcleo urbano de la Villa, no ha remitido a ninguno de los dos organismos competentes solicitud para que se pronuncie acerca de la viabilidad, tal y como es "preceptivo" según el Real Decreto de abril de 1999.

El Ayuntamiento aprobó en junio, en el seno de la Junta de Gobierno Local, la implantación de un sistema cerrado de videovigilancia en las principales vías del centro de la Villa y las pedanías de San Isidro y Campohermoso, que comenzaría a estar operativo, en su primera fase, a lo largo de septiembre. Según detalló, el dispositivo se extenderá a los principales accesos y puntos estratégicos de los tres núcleos de población mediante una señal controlada desde la Jefatura de la Policía Local y que servirá para complementar los instrumentos empleados para prevenir la delincuencia. Las cámaras de vídeo, con un presupuesto que asciende a 330.000 euros pero para el que en 2007 se denegó la concesión de subvención con cargo a los fondos Feder, ofrecen imágenes de alta resolución, son resistentes a las condiciones climatológicas y cuentan con sensor de movimiento.