Todas las licitaciones de la Junta de Andalucía incluyen cláusulas sociales y medioambientales obligatorias y en 2017 todos los contratos públicos de la administración autonómica obligaron a cumplir los convenios colectivos vigentes en cada sector, impidiendo el descuelgue de las empresas permitidos en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Así lo destacó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre el marco normativo de la contratación pública, derivado de la entrada en vigor el próximo mes de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Montero destacó que la nueva ley incidirá en la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la contratación pública, cuya información será más accesible para los ciudadanos y para las empresas. Asimismo, promoverá la incorporación de pymes y autónomos, "la gran base empresarial del tejido productivo en Andalucía", con el fin de favorecer su acceso a las licitaciones y contratos de la Junta de Andalucía, y reducirá la burocracia agilizando tiempos en los procedimientos. En este sentido, ha recordado que la administración andaluza realiza más de 70.000 contratos anuales por un valor superior a los 2.500 millones de euros. La consejera se refirió al "cambio de paradigma" que se está produciendo en el ámbito de la contratación pública y ha defendido que la propia administración debe transformarse y modernizarse, "para acercarla de nuevo a una ciudadanía, más exigente y consciente de sus derechos y reivindicaciones". En este sentido, ha señalado que la aplicación de la nueva ley de contratos debe entenderse como "una estrategia y una oportunidad de cambiar la realidad, de generar riqueza y provocar transformaciones de la economía, la política, la tecnología, la sociedad". "La nueva contratación pública favorece la responsabilidad y el compromiso de las empresas con el empleo justo y la igualdad", ha manifestado. Durante su intervención, Montero subrayó que, además de conseguir las mejores condiciones de calidad y precio en la gestión del gasto público, la contratación de la administración debe promover que se garantice el cumplimiento de las condidiones laborales de los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de colectivos vulnerables, la protección de menores o la transparencia fiscal de las empresas.