La situación epidemiológica que actualmente se vive en Andalucía es extremadamente grave. Tal y como ya anunciamos desde USTEA, la vuelta a las aulas tras las vacaciones de navidad, unido a la aparición de nuevas cepas con mayor facilidad de propagación, sin que se tomasen ningún tipo de medidas excepcionales ha contribuido a que se produzca un crecimiento exponencial de los contagios en nuestra comunidad. A pesar de la cantinela propagandística de nuestros gobernantes, que siguen asegurando que las escuelas son espacios libres de Covid, lo cierto es que la incidencia del virus en la parte de la población englobada en edad escolar se ha disparado desde que se inició el segundo trimestre. Lejos de tomar medidas excepcionales para atajar este problema de propagación del virus en los centros educativos, el gobierno andaluz sigue mirando hacia otro lado, anteponiendo criterios de índole económica a la protección de la salud y la seguridad de la comunidad educativa y, por extensión, del conjunto de la población andaluza.

Desde USTEA venimos defendiendo desde el inicio de curso la necesidad de garantizar una educación presencial y segura, entendiendo que la no presencialidad conlleva perjuicios educativos innegables, especialmente para el alumnado más vulnerable y que precisa medidas de atención a la diversidad. De la misma manera, venimos exigiendo que el sistema educativo se dote de todos los medios y recursos para garantizar esa seguridad y para ser capaces de afrontar con las mayores garantías posibles una vuelta a la docencia telemática si la situación sanitaria así lo exigiera. 

Ante esta situación, desde USTEA insistimos en que los centros educativos deben cesar inmediatamente su actividad presencial allí donde no esté asegurada la seguridad y mientras no se atiendan las siguientes reivindicaciones:

Revisión de los “protocolos covid”, incorporando criterios objetivos, claros, estrictamente sanitarios y plenamente garantistas desde el punto de vista de la seguridad. Desde inicio de curso se viene observando una relajación de los criterios por los que cerrar un aula o centro, en un burdo intento de maquillar las estadísticas, constituyendo una clara negligencia y un atentado contra el principio de prudencia. USTEA ha exigido a la Consejería de Salud que se aborde inmediatamente esta revisión. Análisis real de la situación epidemiológica en los centros educativos, sin criterio actualmente para un rastreo sistemático que permita conocer la incidencia real de la epidemia en las aulas andaluzas.

Fin de la opacidad sobre los datos reales de positividad en los centros. Mientras que en otros sectores y en el conjunto de la población siempre se habla del número de positivos, en los centros educativos tan solo se ofrecen datos sobre las aulas o centros cerrados (bajo criterios arbitrarios y poco claros) en un evidente ejercicio de oscurantismo y opacidad que trata de ocultar a la población la realidad que se vive en nuestras escuelas e institutos.

Sustitución inmediata del personal, docente y no docente, en situación de confinamiento. Actualmente este personal no es cubierto, al no considerarse su situación como baja médica, lo que conlleva que numerosos centros sufran una merma de personal que dificulta o imposibilita llevar a cabo unos protocolos de seguridad que ya de por sí se han manifestado insuficientes. En este sentido, ni siquiera cuando las propias directivas de los centros, encargadas de velar por el cumplimiento de estos protocolos, manifiestan la imposibilidad de llevarlos a cabo, desde las autoridades sanitarias no se procede al cierre del centro o de las aulas afectadas, poniendo en riesgo la salud de la comunidad educativa.

Bajada inmediata de la ratio, que permita acabar con la masificación de las aulas en situación de pandemia.

Inmediata protección del personal vulnerable que está siendo sometido a un riesgo que puede conllevar muy probablemente daños graves para su salud.

Evaluación real de los puestos de trabajo (ventilación, posibilidad de cumplimiento de las medidas de seguridad, etc.) que permitan conocer los riesgos reales y las medidas preventivas necesarias para evitarlos, tal y como obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Resulta imposible comprender cómo desde el propio gobierno andaluz se cierra toda actividad no esencial en aquellos municipios con más de mil casos por cada cien mil habitantes de incidencia acumulada, se pida el confinamiento voluntario a la población de las zonas con mayor incidencia o se exijan al gobierno central la ampliación del estado de alarma para poder implementar medidas de confinamiento más severas, mientras defiende que no es necesario tomar ninguna medida excepcional en los centros docentes y que la actividad presencial en ellos, en las actuales circunstancias, no suponen ningún incremento de la propagación del virus. Al mismo tiempo numerosos estudios científicos y las actuaciones y medidas tomadas en otros países de nuestro entorno señalan a los centros educativos como focos de contagio, aquí se prefiere seguir obviando esa realidad para poder así justificar la ausencia de medidas y la toma de decisiones que priorizan criterios económicos sobre cualquier otro, incluidos los criterios de protección de la salud de la población.

Por todo ello, desde USTEA queremos insistir en la necesidad del cierre de la actividad docente presencial mientras no sean atendidas nuestras reivindicaciones y anunciamos que, de no ser así, se utilizarán, por parte de este sindicato, todas las herramientas de acción sindical a su alcance para imponer unas medidas que tan solo buscan garantizar la seguridad de la comunidad educativa y del conjunto de la población.