Las comarcas del Almanzora y el Levante viven meses convulsos debido a la delicada situación que atraviesa Galasa, la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, encargada de gestionar el ciclo integral del agua en más de una veintena de municipios y que está en riesgo de desaparición. Así se certificó ayer durante la celebración del pleno ordinario en la Diputación Provincial en el que se debatió el establecimiento de tasas para regularizar la situación económica de este ente que cuenta ya con una deuda superior a los 40 millones de euros. "Para poder equilibrar Galasa, es necesario que estas tasas se aprueben en todos y cada uno de los Ayuntamientos accionistas de la empresa. De lo contrario, la Ley marca que si uno sólo de los ayuntamientos no lo aprueba, la empresa quedará disuelta automáticamente. Por ello, nos estamos viendo solos ante la necesidad de salvar Galasa", denunciaba ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Aureliano García, que vio como la medida contó con los votos en contra del PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Ciudadanos.

García hizo hincapié en que de no aprobarse esta subida del recibo del agua el 1 de diciembre liquidará Galasa "lo que supondrá un coste de 61 millones de euros que tendrán que repartirse entre todos los ayuntamientos que reciben sus servicios y Diputación, que cuenta con un 52% de la misma". Además, esta medida supondría que los 96 trabajadores que la componen fuesen al paro.

El portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, defendió la postura en contra de esta medida por parte de su partido porque a su juicio "no se pueden imponer unas tarifas injustificadas a los vecinos del Levante y el Almanzora" y ha explicado que Galasa "tiene muchos problemas, no sólo el económico, que deben de ser solucionados de forma inmediata". En este sentido, desde el PSOE se han mostrado dispuestos a "tender la mano" para poder acabar con esta situación antes de finales de año. Para ello, los socialistas proponen una serie de medidas encaminadas a evitar la disolución de esta empresa en diciembre, "pedimos un plan de inversiones; un plan de saneamiento financiero de la empresa a medio y largo plazo; no realizar tarifas únicas y no ceder las competencias propias que tienen los ayuntamientos".

Javier Aureliano García le respondió que el plan de inversiones ya está en estudio y que alcanza los 30 millones de euros y lamentó "no saber en qué ceder más con el PSOE para llegar a un entendimiento necesario de cara a salvar Galasa de su cierre".

El portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que "sólo hay dos opciones ante este problema: cerrar o subir las tarifas. Y nosotros queremos rescatar Galasa desde lo público, mientras que el PSOE politiza el tema del agua perjudicando a los trabajadores". "Estamos condenados a entendernos y de una vez por todas sacar el agua del debate político", ha expresado García.

Una batalla dialéctica que finalmente no ha llegado a buen puerto pese a que el equipo de gobierno ha sacado adelante la subida de las tasas y que ahora tendrán que aprobar todos los municipios en un tiempo prudencial ya que cuentan con cuatro meses para tal fin.

La pelota está ahora en el tejado de los municipios que tienen que valorar si una medida drástica pero que se ha convertido, con el paso del tiempo, "en la única viable para Galasa" ha repetido en varias ocasiones García que también ha hecho hincapié en que si se disuelve Galasa todos los ayuntamientos serán deudores "y no podrán recibir ninguna subvención por parte de Diputación".

El presidente de Diputación, Gabriel Amat, hizo un llamamiento al entendimiento y aseguró que "no quiero ser el presidente que ha fastidiado a toda la provincia".