La Audiencia Provincia de Almería va a celebrar desde este viernes el juicio contra 18 hombres y cinco mujeres acusadas de integrar una red criminal dedicada al cultivo y tráfico de grandes cantidades de marihuana a través viviendas que poseían o alquilaban principalmente en el cerro de San Cristóbal, en Almería capital, que eran sometidas a enganches irregulares para obtener energía y suministros.

La Fiscalía achaca en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la "dirección" de la actividad a dos de los arrestados a través de la operación 'Taifa' explotada el 8 de julio del pasado año. Ellos son A.L.F. y J.F.F.M., de modo que para el primero de ellos solicita siete años y nueve meses de prisión al constarle antecedentes por tráfico de drogas y aplicarle un agravante de reincidencia.

El relato de la Fiscalía señala la estructura piramidal que seguían los miembros de la organización, desde algunos a los que se encargaban tareas más rudimentarias como el mantenimiento de las plantaciones mediante su riego y abono, hasta otros que realizaban la recolección, preparación y distribución de la mercancía, mientras que en la parte más alta se encargaban de comerciar con el estupefaciente obtenido y coordinar al resto.

Los acusados se enfrentan a delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a banda criminal, por lo que en la mayor parte de los casos se pide para ellos cuatro años y medio de prisión más 12 meses de multa razón de 50 euros diarios, toda vez que algunos de ellos se enfrentan a penas adicionales acusados de tenencia ilícita de armas.

Algunos de ellos, según la investigación, tenían una dedicación especialmente vinculada con uno o varios inmuebles, aunque todos ellos participa en momentos claves de modo común en los cultivos. Del mismo modo, había personas encargadas de buscar las viviendas para las plantaciones 'indoor', siendo algunas de su propiedad y otras okupadas o alquiladas.

Asimismo, el Ministerio Fiscal señala entre los miembros de la organización a varios electricistas o instaladores de aire acondicionado que habrían participado en la obtención de suministro eléctrico o en acondicionar las viviendas, cuevas y otros espacios para favorecer el cultivo de marihuana, para los reclama adicionalmente hasta siete años de inhabilitación para su oficio. Se estima que el valor de la energía defraudada se sitúa en los 46.837 euros.

Durante la operación efectuada por la Policía Nacional con la colaboración de técnicos de Endesa se llegaron a intervenir cerca de 3.500 plantas así como tres pistolas, una de las cuales se halló en la mochila de un niño dispuesta en la cocina. También se aprehendieron de un revólver con los números de serie borrados, una escopeta que se guardaba en un dormitorio infantil, un rifle y cerca de 60.000 euros en metálico. La marihuana intervenida habría alcanzado un valor en el mercado negro de 110.744,9 euros.

El dispositivo, que supuso el despliegue de medio centenar de agentes y operarios que actuaron en dos fases, permitió efectuar 22 registros entre miembros de un mismo clan y el corte del suministro eléctrico en un centenar de viviendas en las calles Fausto García, Patio de Fausto García, Camino San Cristóbal, Loma San Cristóbal, y Luchena, que eran objeto de investigación desde un año antes.

El juicio, que tiene lugar en la Sección Tercera, prevé su celebración durante al menos tres sesiones, con dos de ellas programadas para los días 26 de noviembre y 9 de diciembre.