En el pasado mes de septiembre, las nuevas autoridades del municipio de Albanchez presentaban una denuncia ante la Guardia Civil, al detectarse un pinchazo en una tubería que desviaba agua hacia las barriadas de Los Llanos y Los Ángeles, urbanizaciones con más de 150 casas construidas fuera de ordenación y a las que el constructor proporcionaba el servicio emitiendo un recibo sin membrete ni ninguna identificación fiscal pero con IVA incluido, que cobraba semestralmente; lo que traducido en números era una suma superior a los 45.000 euros "que no entraban al Ayuntamiento" tal y como asegura la alcaldesa de Albanchez, Ana Isabel Padilla.

En el año 2013, las anteriores autoridades municipales habían decidido marcharse de la empresa pública Galasa para gestionar por sí mismos el líquido elemento.

A partir de esa denuncia, aparentemente el constructor había tomado la decisión de "cerrar el grifo", como medida de presión para que se le retirara la denuncia, según la versión de los vecinos.

El hecho exponía una situación de la que hasta ese momento no se hablaba, pero que saltaba a la vista de todos; a principios del año 2000 se construyeron más de 150 casas en una localidad pequeña, fuera de ordenación y con la inseguridad del caso.

Ahora, transcurrido todo este tiempo, esas familias en su gran mayoría de origen británico han tenido una solución. Después de meses de intensas gestiones, se ha vuelto a firmar un convenio con Galasa vigente a partir del 1 de enero de este año que permitirá "que cada familia tenga un contador en su casa y pague arreglado a su consumo y no de manera arbitraria", afirma Padilla quien no entiende por qué, un problema que se ha resuelto en 4 meses, había estado años sin solución.

La alcaldesa siente cierto alivio ya que entiende que esta nueva situación "va a suponer tranquilidad jurídica para los vecinos e ingresos legítimos para el Ayuntamiento".

A partir de ahora los vecinos deben acreditar que su vivienda tiene más de 4 años de antigüedad y no tener abierto expediente disciplinario urbanístico; ese es el comienzo de la regularización de un problema a demasiadas familias en un pueblo que tiene censados alrededor de 800 habitantes, de los cuales unos 200 son ingleses.