Mujeres explotadas y controladas con cámaras: arranca el juicio contra cuatro acusadas en El Ejido
Las acusadas se habrían aprovechado de la delicada situación económica y la falta de residencia legal de las víctimas para ejecutar sus planes
Juzgan a cuatro acusadas de prostituir a mujeres bajo amenazas en un chalet de El Ejido
La Audiencia Provincial de Almería celebra este martes un importante juicio contra cuatro mujeres acusadas de un presunto delito de prostitución, al haber explotado sexualmente a otras mujeres en un prostíbulo ilegal que regentaban en un chalet del municipio de El Ejido, en el Poniente almeriense. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, las encausadas mantenían a las víctimas en "deplorables condiciones" de vida y laborales, bajo la presión constante de amenazas que incluían la difusión de supuestas imágenes íntimas a sus familiares, además de limitar su libertad y controlar sus movimientos mediante cámaras. El Ministerio Público solicita una pena de cuatro años y medio de prisión para cada una de las acusadas, así como una multa económica y cinco años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la condena.
El Ministerio Público señala que las cuatro acusadas se ponen de acuerdo para contactar y atraer a mujeres con el fin de ejercer la prostitución dentro de la vivienda que regentaban en el municipio ejidense.
La Fiscalía atribuye a una de las mujeres el rol de "dirigir y coordinar" toda la actividad que se desarrollaba en el inmueble, ostentando la máxima responsabilidad sobre la explotación.
El resto de las acusadas, por su parte, se dedicaban a funciones de control directo, encargándose de comprobar que las mujeres ejercían su actividad y contactando con los hombres que solicitaban los servicios sexuales.
Vulnerabilidad y explotación
Las acusadas también se aseguraban de que se cumplieran a rajatabla todas las normas que se establecían en la casa, sirviéndose en todo momento de la situación de vulnerabilidad que padecían las mujeres explotadas.
El escrito de la Fiscalía recalca que, en diversos casos, las víctimas carecían de una residencia legal en España, lo que agravaba su indefensión ante las órdenes de las supuestas proxenetas.
En todos los casos documentados, las mujeres padecían una "delicada situación económica" de la que las acusadas se habrían aprovechado para retirarles parte de su asignación como una forma de "castigo" si estas no cumplían lo que se les ordenaba.
Las mujeres acusadas se embolsaban, al menos, el 50% de cada uno de los pagos que las víctimas recibían por la prestación de un servicio sexual.
El control sobre las víctimas era tan estricto que estas no podían salir libremente de la vivienda, ya que incluso habrían sido controladas y vigiladas con cámaras instaladas en las zonas comunes.
Todas las víctimas residirían juntas, compartiendo una misma habitación, y solo se les permitía el acceso a un cuarto de baño y a una pequeña cocina en el chalet de El Ejido.
Testimonio clave de una víctima
La acusación provisional detalla que, al menos entre los meses de junio y agosto del año 2022, la red de mujeres acusadas funcionó de esta forma con distintas víctimas, aunque gran parte de ellas no pudieron ser localizadas posteriormente en la causa judicial.
No obstante, sí consta en el expediente el testimonio directo y detallado de una de las perjudicadas, quien contactó con la trama a través de un anuncio, motivada por la "situación de necesidad económica" que padecía en ese momento.
El fiscal apunta que, tras instalarse en la casa, las acusadas habrían obligado a esta mujer a ejercer la prostitución "en deplorables condiciones", imponiéndole una clara "limitación de su libertad" personal.
La explotación sexual se llevaba a cabo "con continuas amenazas y presiones" sobre la víctima, sin respetar sus más esenciales derechos laborales y personales.
La mujer se veía obligada a trabajar "a cualquier hora y en cualquier momento", sin posibilidad de evitarlo o rehusarlo bajo ningún pretexto o excusa ante las acusadas.
El juicio se inicia a partir de las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, buscando esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de las cuatro mujeres encausadas por un presunto delito de prostitución.