El Ayuntamiento de Oria desgranó en el último pleno celebrado este pasado viernes los resultados de la primera parte del análisis jurídico y de control de legalidad durante el periodo 2007-2011 en el que, el socialista José Pérez Pérez fue titular de la alcaldía. Según el nuevo regidor, Marcos Reche (PP), existen "gravísimas conclusiones" que desgranó a la Corporación y a los vecinos asistentes a la sesión plenaria.

Reche señaló que, según un comunicado de prensa del Consistorio, que Pérez llevó a cabo la "contratación a dedo de 36 personas sin proceso selectivo alguno" además de "de diverso personal laboral de forma fraudulenta, sin contrato y sin alta en seguridad social".

Pero el informe también desvela, según el regidor, un fraude en la contratación de un catálogo de viviendas en terrenos no urbanizables por valor de 158.165 euros "con ofertas presuntamente amañadas, efectuadas por empresas cuyo objeto social no permite realizar tales trabajos", sentencia.

Además, también se llevó a cabo la contratación a dedo por valor de 400.000 euros de la guardería municipal "sin pedir ningún presupuesto ni oferta pública".

El documento también revela, según Reche, la compra de una finca rústica para al Ayuntamiento "sin conocimiento del pleno, es decir, por decisión propia", así como la concesión ilegal de subvenciones, a diversas personas o entidades "sin haberse justificado la inversión de las mismas" o la "autorización de diversos gastos por importe de 1.1256.051 euros sin consignación presupuestaria".

Según confirma Reche el exalcalde "justifica tales irregularidades alegando que él es un simple y humilde maestro de escuela que no sabe de números ni de leyes, siendo todo culpa del secretario del Ayuntamiento. El señor Pérez lleva doce años en política, diez de ellos como alcalde y ha sido candidato nº 5 al Parlamento de Andalucía", critica.

Con respecto a la segunda parte del control de legalidad que será expuesto al pleno en próximos días, Reche adelantó que existen presuntas facturas falsas relacionadas con un familiar, al cual se le firmó por escrito en su despacho un reconocimiento de deuda por valor de 77.000 euros "sin conocimiento del pleno ni del secretario interventor del Ayuntamiento".