Almería

El banco dirá quién cobró el dinero

  • La sucursal del BBVA de General Tamayo tiene las claves de la trama del desvío de los fondos públicos. Los exdelegados se desvinculan

 En pleno proceso judicial por el escándalo de los ERE, la Junta de Andalucía ha recibido un nuevo golpe a la línea de flotación de su gestión económica de los fondos públicos. A pesar de que ha sido la administración andaluza la que ha llevado el asunto ante los tribunales, una vez detectadas presuntas irregularidades en el uso y abuso de la cuenta bancaria destinada a las tasas percibidas del aprovechamiento de montes de la provincia de Almería , no es menos cierto que la Consejería de Medio Ambiente es también la que ha permitido el desvío de más de 300.000 euros entre los años 2009 y 2012. De hecho, el Partido Popular ya ha solicitado la comparecencia del consejero Luis Planas, quien ayer reiteró en Córdoba la "celeridad" con la que han actuado nada más conocer la desaparición de un porcentaje por determinar de los ingresos procedentes de tasas a cazadores de una cuenta bancaria que ya ha sido bloqueada con un saldo de aproximadamente 20.000 euros. El delegado territorial José Manuel Ortiz protagonizó en el mes de enero el hallazgo de un permanente goteo en la salida de cantidades de menos de 3.000 euros, mediante un método de cheques al portador, de esta cartilla oculta hasta entonces en la que figuraban como claveros un funcionario que fue cesado y el exdelegado Clemente García. A pesar de marcha hace ya tres años de la Delegación de Medio Ambiente, continuaron teniendo poderes para operar en la cuenta y desviar fondos públicos a unos usos y destinatarios que no aún no han sido revelados. De hecho, será la investigación judicial la que determine las personas que se han enriquecido del dinero de los contribuyentes almerienses, siendo la sucursal bancaria del BBVA de la calle General Tamayo de la capital la que tiene todas las claves. Los talones al portador con cuantías inferiores a 3.000 euros no requieren identificación del beneficiario a no ser que la entidad financiera considere que existen indicios de fraude fiscal, blanqueo de capitales o dudas sobre la tenencia legítima del cheque, según la Ley Cambiaria. Sin embargo, han sido más de 100 los reintegros realizados en este tiempo, llegando incluso a 45.000 euros en una semana, por lo que es más que probable que el personal de la sucursal, así como su director, sean conscientes de quién ha retirado los importes. Durante la etapa de Clemente García (entre mayo de 2008 y julio de 2010) se registró la salida de en torno a 180.000 euros. En el posterior mandato de Sonia Rodríguez (entre julio de 2010 y julio de 2012) se contabilizan como desaparecidos de la cuenta de aprovechamiento de montes más de 100.000 euros. Los dos exdelegados defendieron ayer su inocencia y argumentaron que nunca han sido conocedores  esta cartilla de la Delegación ni de los cheques que se hayan podido cobrar de forma irregular. El actual delegado, en ejercicio desde julio de 2012, denunció en enero una situación que se cortó meses antes, siendo efectivo el último de los pagos a talones en noviembre del pasado año. En los pocos meses de su gestión se ha perdido la pista a 20.000 euros. Ortiz Bono ha reconocido que pudo conocer la existencia de la cuenta gracias al proceso de revisión de la gestión económica y de los recursos disponibles que se realizó cuando se produjo la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, tal y como adelantó ayer este periódico. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería  ha incoado las diligencias previas encaminadas a investigar el posible uso fraudulento de los fondos públicos y ha citado a declarar a dos de los tres delegados provinciales que han pasado por Medio Ambiente. José Manuel Ortiz deberá presentarse el próximo martes ante la jueza instructora Alejandra Dodero en calidad de perjudicado con el objeto de ratificar el contenido de la denuncia y a la semana siguiente prestará declaración Clemente García, quien mantendrá que se ha falsificado su firma y, por eso, sigue constando como clavero. Sonia Rodríguez asegura aún que no ha sido citada y mostró ayer su "máxima disposición" a colaborar con la justicia para que se depuren responsabilidades y "diluir cualquier sospecha". Lo único que está claro es que han desaparecido 300.000 euros.

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