Almería

Los barrios de la capital se unen contra los desalojos y el "olvido" que padecen

  • El Quemadero y El Puche mantienen encuentros y preparan manifestaciones

  • Se le unirán los vecinos de Torrecárdenas

  • Entre las tres zonas denuncian más de 100 expedientes de desalojo

Los vecinos de El Quemadero y El Puche han decidido unir sus reclamaciones. Lo han hecho mediante asambleas, la primera en la tarde de ayer, y han preparado manifestaciones para llamar la atención de las administraciones. En breve se les unirá el barrio de Torrecárdenas. Entre sus reivindicaciones destacan los expedientes de desalojos que existen en estas zonas. Desde El Puche apuntan que hay 72 abiertos y en el Quemadero un total de 19.

La calle Las Negras de El Quemadero fue el lugar escogido en la tarde de ayer para llevar a cabo la primera de las puestas en común. En ella, representantes de los colectivos vecinales de los barrios expusieron sus necesidades y cómo plantearlas a las administraciones. La primera de las reivindicaciones se llevará a cabo el próximo jueves 9 de junio. Será una manifestación en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Almería. Es el día del juicio de Souad y Brain, padres de dos niñas de 2 y 6 años que en 2001 llegaron al barrio de El Puche y fueron desalojados hace escasos tres meses. En la actualidad siguen residiendo en su vivienda, así que se les pide que la abandonen. Hace dos años, en 2015, alguien les ofreció, en el mismo bloque, la compra de una vivienda por valor de 20.000 euros. Lo vieron con buenos ojos y la compraron. Se iban a gastar la mayoría de sus ahorros, pero al tener una estabilidad dentro de su trabajo en el campo, la idea tomó forma y lo compraron.

Concentración el próximo 7 de junio en defensa de una familia que pretenden desalojar

la vivienda es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta. Fueron víctimas de una estafa y han perdido la inversión realizada hace apenas dos años. Sin embargo, según la Junta de Andalucía, "ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la administración andaluza, circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio entre ambas partes".

Los vecinos reclaman un plan de inversiones entre las distintas administraciones y la mejora de la red de alumbrado público y saneamiento. Critican que "las agresiones desde los poderes públicos a los vecinos han sido constantes". Denuncian "nula inversión en alumbrado público, calles, zonas verdes o limpieza".

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