El último informe del Defensor del Pueblo Andaluz situaba a la provincia de Almería como una de las más castigadas en cuanto al chabolismo. Diez años después, este tipo de asentamientos persisten, pero su número se ha reducido. En ese sentido, se ha avanzado indudablemente, pero la infravivienda sigue siendo un problema a tener en cuenta. El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, anunciaba hace un par de años que el chabolismo sigue siendo un problema a atajar en la provincia, primero para contribuir con la reducción de la pobreza (batalla obligatoria de cualquier institución). Precisaba que había que trabajar por la "inseguridad que provocan" y por las "implicaciones" que se derivan desde el punto de vista de la "salud" pública.

Son las organizaciones sin ánimo de lucro, como Almería Acoge, Cruz Roja, que acude en la búsqueda de personas bajo techo o en condiciones de insalubridad en chabolas, para destinar la comida que procede de la genorosidad de los ciudadnos o de las ayudas de las administraciones.

Históricamente, en la provincia ha habido enclaves en los que los asentamientos chabolistas: El cruce de La Mojonera, el Camino de la Vera, San Isidro (El Ejido), Pampanico (El Ejido), Níjar y en zonas de la capital como La Fuentecica, El Quemadero, El Puche o la misma Chanca, además de La Molineta o algunos de reciente creación como el que se ha situado en La Vega de Acá y otro que acaba de aparecer en Piedras Redondas.

Los inverdaderos fue en su momento en principal foco de chabolas, sin embargo, la mejora de las condiciones de los trabajadores ha hecho que estas se vayan reduciendo en buena parte, aunque todavía existen. En la actualidad, la inmensa mayoría de los inmigrantes son dados de alta en la seguridad social, lo que mejora su capacidad económica y, por lo tanto, sus posibilidades para sobrevivir en una tierra que no es la suya.

La provincia cuenta con más de 70.000 personas que reclaman productos de primera necesidad para sobrevivir. Más del 10% de la población. Algunos de ellos están en las calles, se les pone cara porque pasan las noches al raso, pero también los días. Otros son esos vecinos con los que los almerienses se cruzan cada mañana, pero se desconoce su situación de pobreza. La provincia, con una tasa de paro que ronda el 40%, se encuentra en una situación económica desastrosa para una parte importante de sus ciudadanos. Por suerte, para contrarrestar esta situación, existen colectivos como Cruz Roja o Cáritas que trabajan cada día para que las necesidades, aunque muchas, se reduzcan en la medida de lo posible. Son los solidarios anónimos. Pero son los propios ciudadanos los que ponen la cara amable, la nota de solidaridad a esta situación. Es el caso de Fernando Barberá, camionero jubilado, miembro de la Cruz Roja, que el año pasado decidió crear la Asociación de Compañeros Solidarios de Almería (ACSA), formado en la actualidad por cinco miembros, y que realiza su trabajo aceptando las donaciones de los almerienses para repartirlas a los más necesitados. Están adoptando estrategias, cuanto menos curiosas, para captar la atención de los ciudadanos.

Los sin techo son ahora casi cuatro veces más que en 2007, donde el número de ciudadanos que se encontraban en esta situación no era superior a ochenta, ahora. Las cifras de extrema vulnerabilidad se elevan hasta límites muy superiores teniendo en cuenta que la provincia almeriense, más de 1.500 personas acceden a los comedores sociales diariamente y un total de 60.000 tuvieron que recibir atención para cubrir sus necesidades más básicas con los alimentos y productos donados por los propios almerienses.

La provincia almeriense cuenta con alrededor de 4.000 ciudadanos con más de 300.000 euros en su caja corriente, un 26% de estos viven en la capital. Los ricos son más ricos y los pobres no levantan cabeza. Algo más de 1.100 personas aglutinan en su poder 1.015 millones de euros. Es la cara dulce de la economía. Ellos no han tenido problemas para sortear la crisis. En el otro lado, unos 30.000 almerienses viven en condiciones de pobreza. Hay barrios de la capital a los que les cuesta progresar y si lo consiguen, su proceso es verdaderamente lento. En los años 70, un 50% de las casas de la barriada de La Chanca eran infraviviendas. Había dos zonas algo diferenciadas, las más alejadas de El Puerto (La Joya, Patio Cañadas, La CAMPSA-La Paz y Chamberí-Cuevas de San Joaquín, Las Pedrizas, Cuevas de las Palomas y Cerrillo del Hambre) más afectadas por los problemas sociales, y otro grupo formado por San Roque, Cabezuelo, Cordoneros y la Avenida del Mar, donde las viviendas contaban con mejor equipamiento. En cierta manera, esta distribución ha seguido así con el paso de los años, aunque tanto en una división como en otra la situación ha mejorado. En los últimos cincuenta años, la cantidad de infraviviendas de La Chanca se ha reducido en casi un 27%.

En el Puche, el 70% de sus habitantes no es poseedor legítimo de una vivienda y el 10% de estas están formadas por un adulto y varios menores. El 43% de los ciudadanos no cuenta con estudios y la tasa de paro se acerca en 2013 a la mitad de al población. Es difícil encontrar un empleo estable pues la tasa de ocupados eventuales es alta, con un 84,27%, casi tres veces la media de la capital. Los Almendros se creó para al realojo de población marginal en los años ochenta y aunque los edificios no son antiguos, la calidad sí deja un tanto que desear. Un 24% de las viviendas del barrio no tiene ascensor y en algunas calles de este barrio y el de Araceli no se dispone de red de alcantarillado adecuada. Además, aparecen áreas de chabolas en los límites de los barrios como en la zona este de la calle Niña de la Puebla.