Con motivo del 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, lanza su campaña de promoción de la salud para la prevención del infarto, informando de los síntomas para cada género, exigiendo dotación de desfibriladores en los centros de trabajo y formación a las personas trabajadoras.

Según los datos que maneja el sindicato, en España apenas hay cinco desfibriladores por cada 10.000 habitantes y solo once comunidades autónomas obligan a instalarlos en espacios públicos (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, Aragón y Extremadura).

Según destaca CSIF, España está a la cola en Europa respecto a la instalación de desfibriladores y los problemas cardiovasculares son uno de los principales motivos de mortalidad en nuestro país.

Durante la pandemia se han duplicado los fallecimientos por infarto, según el estudio: ‘Impacto de la COVID-19 en el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La experiencia española’ y publicado en la Revista Española de Cardiología. Ha descendido el número de infartos, pero aumenta su mortalidad.

Además, entre las secuelas de la COVID-19, se encuentran los problemas cardiovasculares; aumenta la tendencia de la sangre a coagularse, pudiendo generar posibles trombosis venosa o bloqueo de una vía sanguínea, en el corazón se encuentra la inflamación y marcas similares a las de un infarto.

Poniendo en foco en la siniestralidad laboral encontramos los mismos resultados, según los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de accidentes de trabajo por infarto y derrames cerebrales ha sido menor, pero con un mayor número de accidentes mortales.

Por todo ello, CSIF propone:

• Centros de trabajo cardioprotegidos con desfibriladores (DEA): los equipos actuales no son suficientes.

• Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género.

• Formación e información sobre los DEAS y Primeros auxilios.

• Mantenimiento periódico de los DEA: exigimos más inversión.

• Vigilancia de la salud para las personas trabajadoras, en especial para aquellas que hayan padecido la COVID-19.

• Creación de un Registro nacional de centros cardioprotegidos.

• Promoción de hábitos saludables para proteger la salud cardiovascular (ejercicio habitual, dieta equilibrada, descanso, etc.).

• Eliminación o reducción de los factores de riesgo de infarto como son el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el estrés, el insomnio, etc.