La Fiscalía de Almería ha interesado provisionalmente seis años de prisión para un hombre que estafó 34.610 euros a cinco propietarios de dos fincas en las que debían haberse puesto en marcha plantas fotovoltaicas que nunca se ejecutaron.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, subraya que el acusado F.M.A. ya fue condenado en 2008 por un juzgado de Madrid por un delito de falsificación en documento mercantil en grado de tentativa. Aclara que F.M.A. es administrador único de una empresa dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica fotovoltaica ubicada en el Levante almeriense y que cuatro de las víctimas de la estafa son propietarios de una finca ubicada en un polígono de Vélez-Rubio, mientras que el quinto estafado arrendó otra finca en Cuevas del Almanzora para llevar a cabo el proyecto de planta fotovoltaica.

De esta forma, el fiscal sostiene que el acusado, “con ánimo de ilícito enriquecimiento y a sabiendas de que no iba a cumplir el encargo”; celebró por separado entre febrero y abril de 2008 contratos de arrendamiento de servicios para construir una planta fotovoltaica en estas fincas con los diferentes perjudicados. En el momento de rubricar los contratos, cada víctima según la Fiscalía, distintas cantidades a cuenta del precio final al presunto estafador.

Unos días más tarde, con “idéntico ánimo” y con la intención de “seguir defraudando a los perjudicados”, solicitó a cada uno de éstos la entrega de 2.710 euros para pagar un aval del punto de evacuación de la planta solar fotovoltaica que, “supuestamente, era requisito imprescindible para poder cumplir el encargo para el que había sido contratado, a sabiendas de la mendacidad de dicha información”. Para justificar a las víctimas dicho desembolso, les presentó un documento dirigido a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, con “apariencia de ser real” pero que había sido creado mediante fotocopias de un original en las que se había añadido los datos de los estafados, lo que les hizo creer que se estaba tramitando un “expediente administrativo que realmente no existía”.

“Mediante esta artimaña, el acusado, que no ha cumplido con los contratos celebrados con los perjudicados ni les ha devuelto las cantidades entregadas a cuenta, a pesar de habérselas reclamado éstos tras haber descubierto su embuste”, recibió 10.210 euros de una víctima, 8.000 de otra, 8.000 más de la tercera y cuarta, y 8.400 de la última, dice la Fiscalía, que acusa a F.M.A. por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que solicita tres años de prisión y multa, y por un delito continuado de estafa, por el que reclama cinco años de cárcel y multa. No obstante, de acuerdo al artículo 77 del Código Penal, la petición final se queda en seis años de prisión. También pide que indemnice a cada perjudicado con la cantidad estafada.