El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa ha llamado a declarar en calidad de investigado a un exalcalde de Cantoria, Pedro María Llamas para determinar si se cometió alguna irregularidad en el contrato para la rehabilitación del Palacio del Almanzora.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Diario de Almería, el juez acuerda a petición del Ministerio Fiscal tomar declaración como investigado al exregidor el próximo 11 de julio por la mañana.
También solicita a la Intervención Territorial de Almería de la Intervención General del Estado que aclare y amplíe un informe presentado el pasado mes de febrero para determinar si existe alguna infracción a la normativa administrativa en el curso del expediente y en el pago a la mercantil ‘Estudio de Ingeniería Fomintax’.
En este sentido, incide en que este organismo valore “especialmente” seis resoluciones de la Alcaldía emitidas entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013.
El juez también ordena que se oficie a la Policía Judicial para averigüar si “llegó a realizar alguna actuación o ejecución por la mercantil adjudicataria del contrato de esta empresa para la rehabilitación del Palacio de Almanzora.
Unas actuaciones que se producen tras la interposición de una denuncia, también consultada por este periódico, en la que se indica que en 2012 Llamas inició el expediente para rehabilitar este inmueble, dado que la situación del edificio requería de medidas para evitar su derrumbe.
Más tarde, el 14 de diciembre de ese año, se inició el procedimiento de adjudicación del contrato, que contó con un informe desfavorable del secretario-interventor por "los problemas de liquidez que existían en ese momento en las arcas del Ayuntamiento".
Sin embargo, según la denuncia, el 8 de enero de 2013 fue aprobado dicho expediente de contratación por un importe de 47.551,79 euros, acordando solicitar ofertas a cinco empresas, presentándolas tres de ellas.
Finalmente fue adjudicado por 45.185,16 euros a 'Estudio de Ingeniería Fomintax', cuyo administrador, según los denunciantes, es funcioario de la Diputación Provincial, en la realizar proyectos para planes provinciales.
"A pesar de lo cual, durante estos años además de la adjudicación de esta obra, se le adjudicaron numerosos proyectos de planes provinciales, teniendo una gran relación personal y profesional" con Llamas, mantienen los denunciantes.
Aunque esta adjudicación contó con un nuevo informe negativo, el trámite habría salido adelante hasta que en marzo de 2013 se resolvió el contrato "debido a la desaparición de las razones que motivaron su aprobación", sin establecer indemnización para la mercantil, sino únicamente la devolución del aval.
Añade la denuncia que a pesar de ello la empresa solicitó 8.387,72 euros por los trabajos realizados hasta ese momento, incluyendo actuaciones que comenzaban en junio de 2012.
Los denunciantes dicen que es "totalmente incomprensible que se facture por unos trabajos realizados en junio de 2012 y que ya en esa fecha mantuvieran reuniones con el Ayuntamiento cuando el procedimiento de adjudicación no comenzó hasta diciembre de 2012 y no fue adjudicado provisionalmente hasta febrero de 2013, por lo que creen que todo el procedimiento fue “una farsa”.
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