El Juzgado de lo Penal 3 de Almería ha condenado a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía "a sabiendas de su injusticia", ya que, según remarca, es un dato "constatado y claro que se trataba de suelo no urbanizable" y que lo hicieron pese al informe técnico desfavorable.

El fallo absuelve, no obstante, a los dos administradores de la mercantil Inmuebles Promurdi y al arquitecto a quien se le encargó el proyecto técnico, que no se llegó a ejecutar al intervenir los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en abril de 2007, por considerar que los primeros, J.I.J.R. y P.J.R.C, "actuaron en la creencia errónea de que el suelo era urbano y de que la edificación era autorizable ya que la misma así había sido calificada por el Ayuntamiento, administración competente para ello".

En el caso del arquitecto J.A.B.P., la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, indica que su conducta no se puede enmarcar en el tipo del delito contra la ordenación del territorio ya que se "limitó a elaborar el proyecto de modificación sin que conste que tomase parte en la ejecución de la misma por mucho --ahonda-- que pueda calificarse de profesionalmente inadecuado el trabajo realizado".

Según recoge como probado en el caso de Trabalón y los siete exconcejales Manuel Tijeras, entonces responsable de Urbanismo, José Antonio Ramos, Aniceto López, Emilia Jiménez, Juan Morales y Josefa García, a quienes condena por delito de prevaricación urbanística, todos participaron en el pleno en el pleno de 7 de octubre de 2007 en el que se aprobó esta licencia "contraria a la ley" como demuestra una sentencia de lo contencioso-administrativo a la que alude y que concluía que el suelo no podía ser considerado suelo urbano consolidado al no reunir los requisitos exigidos.