Tribunales

Un jurado popular juzgará a la madre detenida por asesinar a su hijo 7 años

  • Además, se ha requerido a la investigada que preste una fianza de 100.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que le puedan ser impuestas

Ciudad de la Justicia de Almería.

Ciudad de la Justicia de Almería.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha transformado las diligencias previas de la causa seguida contra Ana Maria B. L., la mujer de 38 años que presuntamente asesinó a su hijo Sergio, de 7 años, para que sigan por la ley del jurado popular por delitos de asesinato y atentado. 

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez Ana María Baños señala que de las actuaciones practicadas, resulta "indiciariamente" que el 10 de octubre de 2019 la investigada causó "intencionadamente" la muerte del niño en el domicilio en el que ambos residían en Huércal de Almería (Almería). 

Posteriormente, relata la juez, se trasladó hasta la localidad de Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería), "dónde pidió ayuda a una vecina para bajarlo del vehículo". 

"Al negarse ésta y dirigirse a casa de otra vecina para avisar a la Guardia Civil ante las sospechas que le causó el aspecto que presentaba el menor, Ana María B.L. emprendió la huida", continúa la magistrada. 

Así, apunta que cuando fue interceptada por la Guardia Civil, "hizo caso omiso" del alto que los agentes le habían dado, intentando atropellarlos con "intención de huir", por loque los guardias se vieron "obligados" a cortar la calle con dos vehículos para obligarla a parar. 

Una vez hecho esto, rompieron la ventanilla del coche de Ana María B.L., comprobando que el menor estaba fallecido y deteniendo a su madre. 

"Dichos hechos revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito de asesinato y atentado, siendo de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado", apostilla la juez. 

Tras acordar la incoación de procedimiento para seguir por esta vía, la magistrada convoca a comparecencia a la investigada, a la Fiscalía y demás partes personadas. 

Además, se ha requerido a la investigada que preste una fianza de 100.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que le puedan ser impuestas. 

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