Los seis presuntos responsables del cultivo de 125.000 plantas de cannabis intervenidas en siete plantaciones de cáñamo en fincas invernadas y en un secadero de Huércal de Almería han quedado en libertad con cargos tras su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería.

Así lo ha indicado en declaraciones a Efe el capitán José María Zalvide, jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería, quien ha señalado que en este año ya son varias las operaciones realizadas tras detectar que producciones supuestamente legales de cáñamo estaban derivando las plantas a terceros países para la elaboración de cannabinoides, consumo directo de cogollos o producir resina de hachís.

Ha incidido en que en España la finalidad legal de estos cultivos es la obtención de materia prima para fibra o semillas. “La planta es igual, cannabis sativa. Para saber si intentar ocultar una actividad ilegal, buscas una serie de características, cuando hay manipulado de cogollos, las flores de la planta, ya intervenimos por un delito de tráfico de drogas”, apunta.

Explica que estas plantas se destinan al extranjero porque en España no podrían extraer en laboratorios los cannabinoides.

Sobre la forma de actuar de este tipo de delincuentes, indica que “a veces engañan a los agricultores” y otras veces éstos son conscientes de que la actividad no es legal.

“Un indicio claro es el alto precio que pueden llegar a pagar a un agricultor. La obtención de fibra, según datos del Ministerio de Agricultura, supone unos 15 euros por cada cien kilos de cáñamo seco, una rentabilidad muy inferior a la de un cultivo tradicional bajo plástico. Nadie va a trabajar con un producto que le dé menos rentabilidad que las hortalizas”, afirma.

Muchas fincas cuentan con trabajadores que “no tienen porqué tener conocimiento del destino final” de las plantas. La cuestión es que prolifera tanto esta actividad que desde que comenzó el año, la Guardia Civil ha intervenido en Almería más de 500.000 plantas de marihuana o cannabis.

En este caso, la operación ‘Ébano’ comenzó gracias a las frecuentes inspecciones que se realizan para el control del cáñamo destinado a uso industrial, en las que los agentes localizaron siete fincas en las que se estaba cultivando cannabis cuyo destino no era el previsto.

Además, en el transcurso de las inspecciones, los agentes hallaron otra finca destinada como secadero con las plantas de cannabis ya cortadas y colgadas al revés en los alambres para su secado.

Los agentes de la Guardia Civil averiguaron que los detenidos realizaban ventas de cannabis a particulares a través de mensajería, cuyo destino final era el consumo, no cumpliéndose ninguno de los supuestos permitidos.

Finalizadas las inspecciones, los agentes intervinieron un total de 125.000 plantas de marihuana.

La Guardia Civil ha recordado que el cultivo de cáñamo está permitido bien si es destinado exclusivamente a fines industriales, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas, o si con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se destina a fines científicos, médicos o de investigación.