Las políticas sociales son el principal problema para los vecinos de la provincia de Almería. Al menos así se desprende del análisis intraprovincial que el Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado a partir de las quejas recibidas desde Almería en 2020.

Y es que el 50% de las mismas tienen que ver con las políticas sociales. Y dentro de este bloque, un 36% se centran en los servicios sociales, un 18% en la salud, otro 18% en la educación, un 18% más en el empleo, un 10% en la vivienda y sólo un 0,2% en la igualdad de género.

Aunque la oficina a cargo de Jesús Maeztu no realiza valoraciones en este sentido, parece notable que este tipo de solicitudes de ayuda se centren en materias especialmente afectadas por la pandemia de la Covid-19, debido a las secuelas económicas y sociales que ha provocado la llegada del coronavirus.

Muy de lejos siguen las políticas territoriales, con un 15% de las quejas recibidas durante el pasado ejercicio; las relativas a administraciones públicas, tributaria y de orden económico, con un 12%; las vinculadas a la justicia, con otro 12%, y las que tienen que ver con servicios de interés general y consumo.

Llama la atención que, dentro del bloque de políticas territoriales, el 47% tienen que ver con el medio ambiente. En lo que toca a las administraciones públicas, el 53% tienen su origen en la atención que reciben los ciudadanos de los entes locales. En lo que se refiere a la justicia, el funcionamiento de esta administración aglutina el 53% de las quejas.

También es llamativo que son más mujeres (un 56%) las que recurren al Defensor del Pueblo Andaluz, respecto a los hombres (un 44%).