Los internos de la Prisión Provincial El Acebuche que cumplen condena por un delito de violencia de género ya son el tercer grupo más numeroso de la cárcel. Así lo indicó a Diario de Almería Pilar Casado, subdirectora de Régimen Penitenciario en Almería, quien avanzó que la mayoría están cumpliendo condena por quebrantamiento de órdenes de alejamiento dictadas por un juez.

Actualmente son un total de 142 los internos privados de libertad en El Acebuche entre los preventivos y los que cumplen ya condena por malos tratos a sus parejas o exparejas , según los datos trasladados por la dirección del centro.

La mayoría de los reos penados por maltrato quebrantaron la orden de alejamiento judicial

Los últimos cambios normativos dirigidos a la penalización de la violencia contra la mujer han provocado un notable "incremento de la población penitenciaria, así como también un incremento de la seguridad hacia la víctima". Así lo expresó Pilar Casado, a este periódico y también en un artículo editado por el sindicato Acaip. Según dicha funcionaria, estas modificaciones han aumentado el número de inquilinos de la cárcel de Almería y del resto de España "hasta el punto de que los internos condenados" por este tipo de conductas "constituyen el tercer grupo más importante en prisión". Casado asegura que se trata de cambios legislativos "necesarios" que pretenden atajar lo que ella misma denomina "el símbolo más brutal de la desigualdad". "Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores como carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión", como señala la responsable de prisiones, que recuerda que la labor de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias ya no se limita a la simple custodia de los reclusos, sino que se ha convertido en "garante de la seguridad de las víctimas de estos delitos violentos".

En concreto, la funcionaria se refiere a lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a las prisiones a comunicar las excarcelaciones de los agresores a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, así como a los servicios sociales con el fin de que estos comuniquen la información a la víctima. Aunque también a los programas de reeducación y reinserción que deben llevar a cabo los especialistas en las prisiones, con el fin de detectar las "causas últimas" que motivaron esa violencia y "prevenir posibles agresiones futuras".